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Un juzgado de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Torrelavega a abonar a la Asociación de Comerciantes de La Inmobiliaria una subvención de 3.404 euros, más los intereses legales correspondientes, que venía reclamando desde hace varios años. Concretamente, la sentencia estima íntegramente la demanda ... que interpuso el colectivo contra la desestimación por silencio administrativo de su reiterada petición del pago de la ayuda.
Según el fallo, el Consistorio fundamentó en su alegato un razonamiento «inductivo» de las normas para justificar su «desidia» en la culminación del expediente administrativo. «Parece obviar y olvidar que debe servir a los intereses de los ciudadanos», señala. En la documentación municipal constaba la subvención el 8 de noviembre de 2022 y que en los trámites realizados hasta la paralización de la misma se habían cumplido «todos los requisitos legales exigibles».
En el Presupuesto municipal figuraba también la existencia de «una consignación de gastos del ejercicio de 2019, habiéndose registrado la operación contable y siendo preciso el informe de fiscalización». «Pese a forzar la aplicación de diversas normas -explica la sentencia-, entre ellas finalizar los trámites para el pago de la ayuda, no se ha acreditado impedimento alguno para su pago. Por ello la demanda debe de ser estimada».
La Asociación de Comerciantes de La Inmobiliaria solicitó la subvención el 4 de octubre de 2019, para la dinamización del sector en el barrio durante la campaña de Navidad de aquel año. Con la ayuda se pretendía hacer un sorteo de 30 premios de 100 euros entre los ciudadanos que realizasen compras en los establecimientos adheridos a la iniciativa.
La subvención fue aprobada, pero quedó paralizada porque el Consistorio decía que la Asociación estaba incursa en una causa de prohibición de obtención de ayudas al tener pendiente de pago la cantidad de 117 euros por el reintegro parcial de otra subvención, según acordó la Junta de Gobierno en agosto de 2021. Dicho acuerdo fue anulado posteriormente por un juzgado de Santander, tras otra denuncia de la Asociación. Tras esta sentencia, el colectivo de comerciantes de La Inmobiliaria pidió de nuevo el pago de la ayuda, pero no recibió respuesta, por lo que decidió acudir de nuevo a la Justicia, que, finalmente, le dado la razón.
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