El juez condena al Ayuntamiento de Torrelavega a reparar dos fincas y la casa de la familia Hidalgo

Concretamente, el Ayuntamiento deberá acometer las obras necesarias para asegurar «la integridad, conservación y mantenimiento» de una finca de su propiedad, con el fin de defenderla de las avenidas del Besaya, incluido el oportuno proyecto técnico y, en general, «cuantas actuaciones completas fueran requeridas a tales efectos».

El juez también ha condenado al Consistorio a proceder al «relleno, reparación y aseguramiento» de la finca de los recurrentes, que limita con la municipal y está afectada por el derrumbe de esta. La actuación tendrá que incluir todos los «proyectos técnicos, trabajos, obras y actuaciones» necesarios para reponer la parcela al estado físico y el nivel de rasantes anteriores a los daños. Finalmente, el Ayuntamiento deberá llevar a cabo la reparación de la vivienda de la familia Hidalgo, en los términos del informe pericial encargado por la propiedad a una arquitecta.

Los demandantes ejercitaron la acción de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en su parcela, situada en la calle José María Cabañas, perteneciente a la localidad de Torres. Alegaron que su finca limita con otra municipal, junto al río, y que con motivo de las fuertes lluvias y riadas que tuvieron lugar en enero de 2019, el Besaya provocó derrumbes en la parcela del Ayuntamiento, que se extendieron a la suya por efecto dominó.

El Consistorio solicitó la desestimación de la demanda, alegando que es el Gobierno de Cantabria el responsable del mantenimiento de los encauzamientos y la defensa de los márgenes de los ríos en las zonas urbanas. También afirmó que los daños que padece la vivienda se deben a la falta de conservación imputable a los propietarios.

Sin embargo, el juez discrepa y deja claro que es competencia de los ayuntamientos la conservación ordinaria del cauce de los ríos en los tramos urbanos. También da la razón a los recurrentes cuando afirman que la controversia no reside tanto en una cuestión competencial, sino en determinar si el Consistorio ha incumplido su obligación de conservar su finca, provocando los daños que se reclaman.

En la sentencia se considera probado que fue la finca municipal la que sufrió un corrimiento de tierras que afectó a la colindante y la casa que hay en ella, y recuerda que el perito judicial afirmó que no hay mantenimiento en la parcela del Ayuntamiento. La perito de los recurrentes, que sí visitó el lugar a diferencia del perito de la parte demandada, determinó que ese derrumbe se produjo de manera natural en las inundaciones de enero de 2019. «Se trata de un riesgo que se ve agravado por los factores meteorológicos y las crecidas del río -explica el fallo judicial-, que arrastra material de las zonas inferiores, provocando nuevos desprendimientos». Según el juez, la falta de mantenimiento, el corrimiento de tierras y la ausencia de contención alguna en la parcela municipal, fueron los causantes directos de los daños en la finca colindante, comprobados por el perito judicial.