El juez llama a declarar como investigadas a la directora de la Alborada y tres auxiliares

El testimonio de estas sigue a otra comparecencia fundamental dentro del capítulo de las diligencias previas, la de las familias, el pasado 15 de mayo. Su versión de los hechos relata la consecución de una serie de presuntos maltratos, «físicos y verbales», en la tercera planta de la Alborada y en horas del día en las que estos «tienen que ser escuchados por el resto de auxiliares y responsables». Esa acusación vertebra la «falta de vigilancia» y la «nula atención» que, según dicen, habría demostrando el centro concertado.

La versión de la residencia difiere por completo de ese «oscurantismo» y «falta de predisposición» del que hablan las familias. «Si las familias hubieran puesto estos hechos en conocimiento de la entidad nada más conocerlos se hubiera actuado de manera inmediata para proteger a los usuarios afectados», expresó la dirección a principios de mayo, el mismo día en el que, tras conocer el «alcance» de los hechos documentados, calificó los posibles hechos como «execrables». Calificativos al margen, hay una máxima que la Alborada viene subrayando desde entonces: los supuestos ilícitos se refieren a «personas físicas concretas» y no a la institución, que «no es objeto de investigación ni podría serlo». Zanjan: «No es justo convertir este desagradable episodio en una causa general sobre la labor de la residencia».

Aquella semana, mientras el centro suspendía de empleo a tres trabajadoras y anunciaba su personación como acusación particular, tanto el Ayuntamiento, primero, como un Gobierno de Cantabria señalado como «ineficaz» por las familias, después, empezaban a sopesar la posibilidad de hacer lo propio y adoptar un papel activo en la investigación de la Alborada, uno de los 70 centros concertados de Políticas Sociales.

«Nos preocupa cualquier anomalía en la atención a las personas». Las palabras que la consejera del ramo -hoy en funciones-, Eugenia Gómez de Diego, venía ofreciendo a preguntas de El Diario Montañés nunca convencieron a las familias, atónitas ante la «falta de eficacia» de las inspecciones de la Administración y la redacción de unos informes que «no se ajustan a la realidad».

Los parientes vienen clamando contra el engranaje de la Consejería y su papel en el caso desde aquel día. El departamento de Gómez de Diego recibió el requerimiento del Ministerio Público el 23 de enero; tres días después, el 26, procedió a inspeccionar el centro residencial para plasmar los detalles de la visita en un informe con destino a Fiscalía. Paralelamente, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), y siguiendo también la recomendación del Ministerio Público, tramitó el traslado de los mayores.

Ha pasado medio año desde que ese traslado se materializó y, desde entonces, con las familias se reunió no sólo el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, sin también más responsables: desde el alcalde, Javier López Estrada; el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga; hasta los ediles José Luis Urraca, Borja Sainz y Laura Romano. Todos trasladaron su apoyo a los parientes durante aquellos encuentros, aunque todavía quedan meses para que los hechos se esclarezcan y se sepa si el presunto ilícito al que se refieren las pesquisas responde a un delito de tratos degradantes que, en el Código Penal, está castigado con penas de entre seis meses y tres años de cárcel.