El juez manda a juicio al autor del atropello mortal de la S-20 por la muerte de 29 perros en Tagle

En un auto emitido el pasado 16 de enero, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, el instructor señala que la Fiscalía solicita los 18 meses de prisión, que es la máxima que recogía la ley que estaba en vigor en el momento de los hechos (el año pasado se endureció y ese delito se castiga ahora con hasta 24 meses de cárcel). Además reclama cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el acusado indemnice al propietario de 18 de los 29 perros, que estuvo investigado en la causa pero después fue apartado, la cantidad de 12.000 euros; al Centro Canino del Besaya, con 1.050,28 y a la Dirección General de Ganadería, que se hizo cargo de los gastos de limpieza de cadáveres a través de la empresa Tragsatec, con 190,23 euros.

Por su parte, la Federación DEAN (Defensa Animal de Cantabria), que ejerce la acusación popular, solicita también 18 meses de cárcel (unos 18 días por cada perro muerto) además de 3.323,23 euros, en concepto de responsabilidad civil. También está personado en el procedimiento el Gobierno de Cantabria, que reclama igualmente la pena máxima posible y los 193,23 euros por los gastos de limpieza de los cadáveres.

En su escrito provisional de calificación, la representante del Ministerio Público relata que, desde junio de 2021 y hasta el 14 de enero de 2022, el acusado alquiló al propietario de 18 de los 30 perros una nave en la localidad de Tagle, en la que se dedicaría al cuidado y crianza de perros de raza Setter Inglés. En dicho lugar y durante los citados meses, «el acusado, voluntariamente, sin impedimento alguno y de manera injustificada, dejó de acudir a la nave, sin atender a los perros, sin darles agua ni comida ni sacarles de allí, de manera que 29 de los 30 canes fueron hallados muertos por los agentes de Seprona el 15 de enero de 2022 en el interior de las jaulas de dicha nave, en diferente estado de descomposición, sin ningún tipo de alimento o bebida a su alcance para su sustento mínimo adecuado».

El instructor declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presenta causa al Juzgado de lo Penal de Santander.