El juez minimiza la sanción por los retrasos en la obra de La Carmencita

Esta acudió a la Justicia hace un año contra una resolución de la Alcaldía por la que se acordaba denegar expresamente la petición de ampliación del plazo de ejecución, solicitada el 23 de enero y el 6 de marzo de 2023, y se requería el pago de la referida sanción. La adjudicataria presentó el recurso por improcedencia en la imposición de penalidades al no incumplirse el plazo total del contrato, retraso no imputable al contratista, ausencia de audiencia al mismo e incumplimiento del principio de buena administración, así como, subsidiariamente, vulneración del principio de proporcionalidad al imponer las penalidades y concurrencia de culpas.

Ambas partes firmaron el 25 de octubre de 2022 el contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra en La Carmencita. El plazo para redactar el proyecto era de 90 días y el plan se entregó el 18 de mayo del año pasado. La UTE hizo hincapié en que no procedía la imposición de penalidades (20 céntimos por cada 1.000 euros de presupuesto), puesto que no había incumplido el plazo total de ejecución, refiriéndose el pliego de condiciones únicamente al incumplimiento total y no parcial.

Sin embargo, el juez señala que sí es posible la imposición de penalidades en el caso de incumplimientos parciales, más aún en este caso, en el que el contrato contempla dos prestaciones: la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.

La sentencia indica que la documentación solicitada por la adjudicataria (servicios municipales afectados) se entregó el 21 de diciembre de 2022, por lo que de estimar necesario mayor plazo, debió solicitarle antes de 15 días. Sin embargo, la UTE pidió la primera prórroga el 23 de enero, por lo que «se entiende la renuncia a la misma». La concesionaria alegó que el envío de la documentación se produjo en época navideña y que decidió esperar hasta principios de enero para dar comienzo a las mediciones necesarias. Afirmó también que había comenzado de forma simultánea la elaboración de una nueva propuesta de proyecto que no fue aceptada.

Según el juez, ambas circunstancias parten de una decisión unilateral de la recurrente, sin autorización de la Administración, por lo que no son imputables a esta, ni justifican el retraso en la ejecución del contrato. Tampoco está justificada la demora con fundamento en las dificultades y ajustes de encaje del edificio y los accesos a la vista de «las cotas de cimentación». Así lo informó un técnico municipal el 26 de abril de 2023, sin que «se haya combatido el mismo mediante prueba objetiva en contra». Por tanto, no se acredita circunstancia alguna que «nos permita informar que se ha vulnerado el principio de buena administración ni la existencia de concurrencia de culpas».

No obstante, el juez puntualiza que no debe obviarse que estamos ante un único contrato con dos prestaciones, la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, y que la penalidad se impuso cuando se estaba realizando la primera de las obligaciones. Por tanto, entiende que debe estimarse la adecuación de las penalidades del precio del contrato. Habiéndose incumplido parcialmente, en concreto el plazo de redacción del contrato, «debe calcularse la penalidad en atención al precio del mismo, 115.570 euros, dando como resultado la cantidad propuesta por la recurrente».

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