El juez ordena al Ayuntamiento de Torrelavega el pago de 2,7 millones a Sniace por el Óscar Freire

El complejo polideportivo Óscar Freire es -como ocurrió con el parque de Las Tablas- uno de los viejos activos de la fábrica cuyo valor terminó en los tribunales hace años. Tras años siendo el objeto principal de la discusión, el precio quedó fijado definitivamente en 2.710.948 euros en una sentencia del TSJC, en otoño de 2022. La Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal terminó elevando en hasta en 1,1 millones la tasación de la parcela donde hoy se ubica el complejo deportivo, estimando parcialmente el recurso previo de la empresa.

Aquella decisión vino a rechazar de plano una resolución anterior (2019) del Jurado Provincial de Expropiación, que tasó el valor de este suelo en 1,5 millones de euros. El TSJC 'corrigió' aquella estimación, reconsiderando esos 51.022 metros cuadrados como un suelo urbanizado y dictando -prueba pericial mediante- un valor para ellos que prácticamente duplica el establecido tres años antes por el órgano colegiado. Puede considerarse un varapalo para el Consistorio; sin embargo, tampoco fue una victoria absoluta para Sniace, que llegó a pedir 3.394.125 euros por esta expropiación.

Hoy, tres años después de aquella sentencia, el juez de lo Mercantil viene a poner de actualidad ese precio otra vez, instando a la Administración local a ingresar ese dinero en la cuenta bancaria de los concursales de la factoría. Este litigio, que se alarga desde hace varias legislaturas, adquiere especial importancia en el contexto de máxima exigencia económica como el actual para el Ayuntamiento de Torrelavega, obligado a afrontar deudas millonarias durante más de una década por obras como el soterramiento -valorado en 142 millones, de los cuales 28 (el 20%) pagarán las arcas municipales-.

Han pasado ya catorce años desde que, en tiempos de Ildefonso Calderón en la Alcaldía (2011), el Ayuntamiento dejó atrás su papel como arrendatario en las fincas de El Patatal y el Óscar Freire. Hasta entonces, fecha de caducidad de un acuerdo suscrito en 1999, los torrelaveguenses venían pagando un alquiler de 88.000 euros anuales por la instalación. La industria exigió una revisión de precios, lo que derivó en una etapa de seis años marcada por la falta de consenso y la precariedad en el complejo. Llegó 2017 y, con él, un proceso de expropiación que empezó bajo el gobierno de José Manuel Cruz Viadero y que, aún hoy, con el bastón de mando por segunda vez en manos de Javier López Estrada, sigue sin ofrecer un horizonte del todo claro todavía.