La jueza condena a Torrelavega a pagar 191.318 euros a SIEC por competencia desleal

Cifras al margen, de lo que no tiene duda la magistrada y se refleja en el fallo es que los estacionamientos gratuitos creados por el Consistorio tras la firma de la concesión del parking han influido, «necesaria y negativamente», en la caja registradora de SIEC. Eso queda fuera de la discusión.

Ahora bien, lo que no tiene tan claro la Sala es que ese perjuicio sea tan grande como dice la empresa. ¿Cuántos estacionamientos gratuitos han disuadido a los conductores de bajar al aparcamiento? Por lo pronto, no son 400 sino muchos menos, 38, los que realmente han repercutido en los beneficios de la adjudicataria, según la sentencia. Ese cambio de perspectiva es determinante y es el que explica la rebaja de la indemnización.

Determinado el número real de plazas que sí hacen daño a los resultados de SIEC, a la jueza le basta con aplicar el informe pericial que se estimó oportuno en el anterior dictamen, visión que da por «imparcial y objetiva». A partir de aquí, la Sala se limita a realizar la misma operación aritmética que entonces: si para 400 plazas la actora pide una indemnización de dos millones, para 38 esta será de 191.318 euros. Esa es la suma final que, a la espera de un recurso, deberá pagar el Ayuntamiento de Torrelavega por el perjuicio causado a SIEC debido a la creación de estas plazas de aparcamiento «en la zona de influencia» del parking subterráneo, entre los años 2014 y 2016.

Han pasado diecisiete años desde que los coches empezaron a aparcar bajo el suelo de La Llama, pero once desde que esa «área de influencia» es motivo de debate en los tribunales de Justicia. El origen de todo se remonta a 2002, en años de Javier López Marcano -hoy consejero de Industria del Gobierno de Cantabria- en la Alcaldía del Ayuntamiento. Aquel año, el equipo de gobierno (PRC-PP) inició el proceso de licitación para la construcción y explotación de un balón de oxígeno clave para el aparcamiento de los vecinos y visitantes, bajo el suelo de la ciudad: el aparcamiento subterráneo de La Llama.

Al año siguiente, en 2003, una SIEC que por entonces ya contaba 27 años de trayectoria a sus espaldas resultó adjudicataria de la concesión, bajo el compromiso de financiar la obra con 5,7 millones y de pagar un canon anual de 70.000 euros. La relación entre la empresa de Juan de Miguel y aquel Ayuntamiento -que en junio volvería a manos de Blanca Rosa Gómez Morante- era tranquila. En 2005, la constructora cumplió sus compromisos e inauguró el aparcamiento al uso público con 555 plazas.

Todo parecía ir relativamente bien hasta que, en 2011, la empresa denunció al Consistorio por construir aparcamientos gratuitos en superficie, una iniciativa que incurre en un claro incumplimiento del contrato a juicio de la empresa. Ahí es donde empezó todo.

El litigió se ha ido desencadenando desde aquel día: empezando por la condena inicial que obligó al Ayuntamiento a pagar 405.893 euros, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 2017; el rechazo del recurso del Consistorio por parte del Supremo, en 2019; hasta la nueva embestida presentada por SIEC, la actual, por dos millones de euros, ese mismo año.