Una jueza ordena la búsqueda y detención de un agente de seguros de Torrelavega por una presunta estafa

El agente, J. G. F., representaba a la compañía Generali y fue detenido y puesto en libertad con cargos antes del verano. La oficina, con varias décadas de trayectoria, la empezó a regentar su padre y tenía cientos de clientes, que comenzaron hace un año a contactar con otros agentes de Cantabria en busca de ayuda. J. G. F. dejó de atender sus llamadas y correos electrónicos pese a la necesidad de, por ejemplo, tramitar un siniestro o porque habían sido multados por no tener seguro del coche. Estaban desprotegidos y no lo sabían.

Generali tomó medidas en el asunto la pasada primavera y le pasó lo que quedaba de la cartera de clientes de J. G. F. a María González, agente exclusivo, que primero atendió a los afectados con ayuda de una mediadora en un local provisional de la calle Julián Ceballos y ahora lo hace, desde el 1 de octubre, en otro ya definitivo situado en la Avenida de España.

Algunos afectados ni siquiera se habían enterado de la presunta estafa porque no habían necesitado hacer uso del seguro. En el caso contrario, estaban alarmados y acudían a la oficina sin éxito. Los propios vecinos les informaban, a veces desde las terrazas o ventanas, que allí ya no quedaba nadie.

Juan Carlos García, vecino de la calle Leonardo Torres Quevedo, fue a denunciar su caso a la Policía Nacional el pasado mes de mayo porque se sentía «totalmente estafado». Le explicó a los agentes que había contactado con J. G. F. para contratar un seguro de decesos y otro de hogar, y que lo había hecho porque su madre ya era cliente. Tras entrevistarse con el agente, este le entregó dos justificantes de pago tras abonarle 270 euros en metálico porque «me dijo que era una oferta». Dos semanas después, se le rompió el espejo del baño y J. G. F. le estuvo «dando largas» hasta que decidió pedir ayuda en otra correduría. Le llamaron a declarar en el juzgado, pero siente que ha quedado «a verlas venir».

Mina habla en nombre de su padre, Faxraddin Abiyev, natural de Azerbayán, que desconoce el idioma español. «Llevábamos ocho o nueve años pagándole en metálico -explica-. La última vez fueron 384 euros. Nos dimos cuenta del problema porque mis padres fueron a buscarme al aeropuerto de Bilbao y les llegó una multa de 1.500 euros por no tener el seguro del coche. Fuimos a otra oficina y nos dijeron que había estafado a mucha gente. Lo denunciamos en la Policía».

En el sector también están preocupados. Álvaro de la Fuente regenta una oficina de seguros en la calle Joaquín Hoyos y en ella ha prestado ayuda a un centenar de afectados: «Este tipo de casos perjudican mucho a la profesión. Muchas veces cuando hacemos las pólizas buscamos la confianza del cliente, pero es difícil conseguirlo en una sociedad en la que hay tanto fraude. Lógicamente, la gente no sabe en quien confiar».

Adolfo González, que regenta una oficina en Santander, también ha tenido que atender a «gente que se ha quedado tirada» tras la huida de J. G. F. «Es una mala noticia para nosotros, pero también creo que es un hecho puntual», concluye.