El jurado de expropiaciones fijará el justiprecio del complejo deportivo

El alcalde, Javier López Estrada, dice que ambas partes están obrando «de buena fe» y las cosas «se van arreglando». «El trato con Sniace es cordial -explica-, como con cualquier empresa importante. Nuestra intención es colaborar y facilitar la gestión de la empresa en todo lo que podamos, y su actitud ahora muestra que su disposición hacia nosotros es la misma». Gema Díaz Real, presidenta de Sniace, señala que han desistido del recurso en el juzgado para permitir que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa se pronuncie sobre el «valor justo» de los terrenos. La portavoz del primer partido de la oposición, Marta Fernández-Teijero (PP), también habla de acercamiento de posturas: «Es un problema que lleva mucho tiempo enquistado y ahora hay voluntad entre las partes de que todo se lleve a un cauce normal, que se normalice la situación. Nuestra voluntad es de apoyo total para que esto se solucione de una vez y tengamos claro lo que es del Ayuntamiento y que se pueda gestionar de otra manera».

López Estrada informó ayer al resto de la Corporación, a través de la Junta de Portavoces, de la reciente renuncia de Sniace al recurso contencioso-administrativo que presentó contra el acuerdo de expropiar de manera forzosa los terrenos del complejo deportivo (Óscar Freire) y los próximos al río (El Patatal). Según el regidor, no hay negociaciones en este asunto y esperarán la decisión que tome el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que fijará el justiprecio tras su próxima reunión, prevista para el 21 de noviembre.

La Corporación aprobó en febrero de 2018 el expediente de expropiación forzosa de los terrenos, que valoró en 917.170 euros, una vez descontadas las inversiones realizadas por el Ayuntamiento y otras administraciones (700.000 euros) mientras duró el contrato de arrendamiento de las instalaciones (1999-2011). El expediente de expropiación afecta a cuatro fincas, una la del complejo deportivo (53.739 metros cuadrados de suelo urbano) y las tres que integran 'El Patatal' (suman 87.887 metros cuadrados de suelo no urbanizable).

La empresa rechazó la hoja de aprecio municipal y presentó su propia valoración: 13,9 millones. La presidenta de Sniace, Gema Díaz Real, considera que el precio fijado por el Ayuntamiento está «muy por debajo del real». Según ella, la decisión de la compañía de retirar el recurso tiene como finalidad que el Jurado Provincial se pronuncie sobre el «justo precio» de los bienes y derechos que el Consistorio pretende «ocupar de forma definitiva». Sniace cree que se pueden compatibilizar el beneficio que obtienen los ciudadanos con el uso de las instalaciones y los intereses de la compañía.

Sin embargo, hace hincapié en que no ha renunciado al ejercicio de las acciones que legalmente le corresponden para «garantizar la obtención de un valor justo de los bienes y derechos expropiados». «El importe reclamado por Sniace -explica la presidenta- está avalado por tasadores especializados y se fundamenta en el extraordinario valor ecológico y medioambiental de la zona verde, y en particular su masa arbórea, compuesta de 747 árboles, algunos de ellos ejemplares de un valor extraordinario que fueron plantados por Sniace en la década de los 50, perteneciendo desde esa fecha a su patrimonio económico».

Díaz Real insiste en el valor de esos árboles: «Hoy en día constituyen sin duda parte del pulmón de Torrelavega y son insustituibles en cuanto a su valor ornamental, dado que no existen en el mercado ejemplares con las mismas características de edad, envergadura y valor paisajístico». Sniace comparte la idea de que los ciudadanos disfruten tanto del complejo deportivo como de este «extraordinario espacio ambiental», y solo recuerda que «en su transmisión al patrimonio público exige que, como señala la Constitución española, sea acorde el abono del justo precio de estos bienes».

Cabe recordar que lo que sigue en vía judicial es el asunto del desahucio. Un juzgado de Torrelavega acordó dejar sin efecto temporalmente el desalojo de las instalaciones por parte del Ayuntamiento, fijado para el 10 de julio del año pasado, atendiendo de esta manera el recurso interpuesto por el Consistorio. Finalmente, la Audiencia Provincial confirmó este verano el deshaucio, rechazando en su totalidad el recurso de apelación.