Un juzgado ordena desalojar 14 pisos ocupados ilegalmente en Sierrapando

Se trata de un proceso de ejecución hipotecaria que se sigue a raíz de la denuncia presentada por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) contra la promotora que construyó el inmueble, Paseo del Norte Torrelavega, en el que se personó como interesada la comunidad de vecinos propietarios. El edificio tiene dos portales a los que se accede por las calles Emilio de Mier y Santa Teresa de Jesús, y está integrado por 30 viviendas con plazas de garaje y trasteros, así como locales comerciales. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la mitad de los pisos quedaron sin vender.

«Mis clientes están pasando un infierno desde hace diez años», afirma Efrén Tejerina, administrador y abogado de la comunidad de propietarios. «Cuando los promotores vieron que no tenían posibilidades de sacar el edificio adelante por el estallido de la crisis -explica-, realizaron una serie de cambios societarios para abrir la puerta a personas que se dedican a hacer negocio en este tipo de situaciones». No es la primera vez que se ocupan viviendas de forma ilegal aprovechando vacíos en la legislación y la lentitud en los juzgados.

Según Tejerina, los propietarios de los 14 pisos que se habían vendido, en su mayoría «gente joven y modesta», se vieron sorprendidos cuando «de la noche a la mañana» otras tantas familias, todas de etnia gitana, ocuparon el resto del inmueble, se supone que «a través de algún tipo de acuerdo». Ahí comenzó la pesadilla en el edificio: «Nunca han atendido los pagos a la comunidad; no hay ascensor; en los garajes han desaparecido dos o tres veces las bombas de achique del agua, hay peleas de gallos, carreras de motos, hinchables, depósito de todo tipo de materiales...; en los locales se almacenan todo tipo de productos; en los portales hay ruidos, golpes, deposiciones de niños...».

En definitiva, una convivencia «muy complicada» que ha acabado con las ilusiones de algunos propietarios. El administrador y abogado de la comunidad pone un ejemplo: «Recuerdo como en una de las reuniones una vecina nos dijo entre lágrimas que había comprado allí para emanciparse y tener hijos con su pareja, pero que había tenido que volver a casa de sus padres porque resistir en su piso era prácticamente imposible».

Después de muchos años de «pelea», el referido proceso judicial ha venido a demostrar que los propietarios tenían razón. El juez señala en su resolución que los ocupantes «no tienen título suficiente para permanecer en el derecho al uso y disfrute de las viviendas». Los contratos de arrendamiento «no son creíbles». Además, han quedado acreditados los impagos a la comunidad de propietarios.

Tras haber logrado que una comisión judicial ordenada por el juez y protegida por agentes de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, llevase a cabo el pasado 14 de abril el desalojo de las plazas de garaje, trasteros y locales comerciales ocupados ilegalmente, los propietarios esperan que ocurra lo mismo en breve en los 14 pisos afectados. «Lo único que pedimos, desde hace muchos años, es que funcione el estado de derecho y se cumplan las resoluciones judiciales. Si hay algún problema de realojo de determinadas personas, es algo que tienen que solucionar las autoridades competentes. Lo que no se puede seguir es con esta convivencia imposible, un auténtico infierno para los vecinos propietarios», concluye Tejerina.

Cabe recordar que la familia que ocupó ilegalmente una casa en Ganzo el pasado mes de agosto y que la abandonó voluntariamente dos meses después, también exhibió un contrato de alquiler falso. Los okupas dijeron a uno de los propietarios que se marchaban porque «no estaban a gusto» y la Policía pudo comprobar poco después que la vivienda volvía a estar vacía. Fue el primer caso de okupas en Torrelavega que no afectaba a una entidad bancaria.