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La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria sigue dando pasos para que una de las obras más sonadas de los últimos meses en Torrelavega, el aparcamiento en altura del Ferial de Ganados, sea una realidad de aquí a los próximos meses y empiece a poner remedio al déficit de aparcamiento existente en la ciudad. Las previsiones del Ejecutivo se han visto truncadas por un proceso de adjudicación complejo y en el que, tras una sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, los técnicos deberán dar marcha atrás para volver a valorar las propuestas de las licitadores. Sin embargo, el Ejecutivo va trabajando en otros trámites como el encargo de la dirección de los trabajos.
Ese contrato, que ha salido a licitación esta semana con un presupuesto base de 171.186 euros y un plazo de ejecución de año y medio, está orientado a la contratación de un director de obra encargado del seguimiento, elaboración de informes, control, aprobación de calidad y otro tipo de requisitos técnicos ligados a estas responsabilidades. Algunas corresponderán a otro profesional, cuya contratación también está contemplada: el director de ejecución material de la obra.
El Gobierno avanza con respecto a este contrato. No obstante, las máquinas aún tardarán en llegar a la ciudad y, más aún, en terminar un aparcamiento en altura que, al margen de sus 240 plazas y 5,6 millones de euros de presupuesto base -cofinanciados con fondos de la UE-, no se construirá en menos de 18 meses -ese es el plazo de ejecución-. En otras palabras, suponiendo que las obras empezaran hoy, el parquin estaría terminado en verano del año que viene.
Y ese no es el caso. El proceso de licitación empezó en enero de 2023, pero el Ejecutivo se ha visto obligado por la Justicia a retrotraer el concurso a una fase anterior. Hace unos meses, cuando los técnicos abrieron los sobres de las licitadoras, una UTE formada por Rucecan, Excavaciones González y Vega y Viuda de Sainz presentó la oferta más barata entre las cinco aspirantes: proponían construir el aparcamiento por 4,4 millones, pero los técnicos excluyeron a la firma del proceso alegando valores anormales o desproporcionados.
La empresa recurrió esa decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que finalmente les dado la razón, obligando a la Consejería a dar marcha atrás y a reconsiderar la oferta de la UTE. Eso si un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no lo impide.
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