Martín justifica la legalización de las naves de Paruvi en la «estabilización de la plantilla»

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha justificado hoy la legalización por su departamento de las naves de la empresa Paruvi en Tanos (Torrelavega) en que ello supondrá la «estabilización de la plantilla», y que por tanto existe un interés social en la decisión adoptada.

A preguntas de los periodistas antes de su intervención en un foro empresarial de la Cámara de Torrelavega, Martín ha detallado que la resolución de su Consejería es consecuencia de una consulta realizada por el Ayuntamiento al respecto, tras la petición de legalización realizada por la empresa.

Paruvi es una empresa dedicada a la gestión de diversos tipos de residuos como palés o papel-cartón, cuenta con una plantilla que supera el medio centenar de empleados y realiza sus actividades en una naves ubicadas en La Llamiega, en Tanos, parte de las cuales se levantaron en los últimos años sin licencia municipal.

Su propietario es Rufino Sasiána, actual concejal de Torrelavega Sí -que cuenta con cuatro representantes en el Consistorio de la capital del Besaya-, un partido que lidera la exalcaldesa socialista Blanca Rosa Gómez Morante. El empresario solicitó en mayo de 2015 en el Ayuntamiento de Torrelavega la legalización de las naves e instalaciones existentes, así como la autorización para la construcción de otras dos naves en el barrio de La Llamiega, en una zona clasificada como suelo urbanizable no programado en el vigente plan general.

Martín ha reiterado que todo lo que sea «estabilizar la plantilla» se puede considerar como de interés social.

Por su parte, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), ha asegurado que la decisión de Industria le había dejado «un poquito perplejo», aunque ha declinado hacer más comentarios hasta estudiar la resolución y poder valorarla conjunto a su socio en el gobierno municipal, el PRC.

La legalización de las naves de Paruvi es un asunto que afronta el Ayuntamiento de Torrelavega desde hace casi dos décadas, ya que según un informe jurídico las primeras edificaciones construidas de forma ilegal datan de 1989, aunque en 2001 se tramitó el cambio de uso de estas instalaciones.

Así mismo, un informe de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria propuso en octubre de 2017 aprobar la legalización de las edificaciones, trámite que afecta a varias naves que suman 3.656,95 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 20.355, así como a un aparcamiento para camiones en otra parcela de 3.826 metros cuadrados, situada a unos 100 metros de distancia del resto.