El matadero de Torrelavega lleva 9 meses con el contrato para el traslado de los despojos caducado

El Consistorio licitó en diciembre de 2016 la contratación de la prestación del servicio de transporte de canales y despojos del matadero municipal, contrato adjudicado en junio de 2017 y caducado en julio de 2020, tras cumplirse el acuerdo de explotación del servicio por un plazo de dos años y otro prorrogable. Este se une a los múltiples contratos municipales caducados, que se han convertido en un problema para el equipo de gobierno (PRC-PSOE) y en uno de los desafíos de gestión más relevante al que se enfrenta.

El problema de mantener un servicio sin contrato, además de forzar a la Administración a pagar por el controvertido sistema del reconocimiento de obligación, es que impide contar con las mejoras que ofrecen las empresas en un proceso de licitación. En definitiva, supone un peor servicio a un mayor precio, dado que las contratistas cobran el coste real, además de afectar a la concurrencia.

En el caso concreto del servicio del matadero, el valor estimado del contrato para los tres años máximos que preveía la anterior licitación era de 748.440 euros (IVA no incluido). Calculado para un volumen transportado de 1.650.000 kilos al año y el precio tipo utilizado y respecto del cual los licitadores efectuaron sus propuestas a la baja era de 12,6 céntimos de euro por kilogramo transportado.

En cuanto a la gestión del matadero municipal, los grupos de la oposición han pedido información en las últimas comisiones y plenos sobre el coste de las últimas que se han llevado a cabo en las instalaciones, entre ellas varias actuaciones en la zona de recepción y traslado de animales –donde se produjo un accidente laboral– y que provocó que, tras una inspección de trabajo, se tuviera que cerrar el centro durante varias semanas.

La última de estas críticas, la de Ciudadanos (Cs), que ha denunciado que un trabajador del matadero lleva «meses» trabajando en un puesto para el que está «incapacitado» tras sufrir «varios accidentes graves que han menoscabado su salud». Así, la formación reclamó el cese de la concejala de Recursos Humanos, Cecilia Gutiérrez, ya que según señala el grupo, aseguró en comisión informativa que «desconocía el caso, pese a haber sido registrado en el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre por el sindicato CC OO». El concejal de Cs, Julio Ricciardiello, ha indicado que las limitaciones que padece el trabajador le impiden desarrollar las tareas en el matadero, por lo que considera que el Consistorio debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección.

Por ello, ha criticado que desde Recursos Humanos no se haya tomado ninguna medida al respecto. Según Ricciardiello, existe un informe del servicio de vigilancia a la salud que refleja la situación del trabajador, incidiendo en que las lesiones que padece le impiden desarrollar su trabajo. También, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras denunció el «incumplimiento reiterado» de la legislación y las decisiones judiciales por parte del Ayuntamiento, que mantenía hasta este año a los trabajadores del matadero municipal «al margen» del convenio colectivo del personal laboral.

CC OO denunció que el Ayuntamiento había mantenido «secuestrados» durante años los derechos económicos y sociales de la plantilla del matadero municipal. Este año se ha hecho efectivo el reconocimiento de este derecho de los trabajadores del centro de Barreda y en este sentido los grupos políticos de la oposición también han preguntado por el coste que ha supuesto a las arcas municipales esta equiparación salarial y, sobre todo, lo que ha habido que abonar en concepto de atrasos.

El sindicato mostró su satisfacción por el acuerdo plenario de la Corporación de Torrelavega para la adhesión de los trabajadores del matadero municipal al convenio colectivo del personal laboral de la Administración Local, como consecuencia de la aplicación de una sentencia judicial. CC OO ha destacado que el acuerdo «pone fin a una irregularidad sostenida excesivamente en el tiempo», que «ha supuesto grandes pérdidas económicas para los trabajadores durante los años que han estado encuadrados en el convenio de industrias cárnicas».