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A unos, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) les parece una restricción demasiado lesiva para la actividad del comercio y la libertad de movimiento; para otros, como a la Mesa de Movilidad, la normativa que propone el Ayuntamiento de Torrelavega es demasiado laxa, ... una oportunidad perdida para blindar la salud de los ciudadanos, la calidad del aire y un cambio de 'chip' que favorecerá el transporte sostenible. De ahí las tres alegaciones que han presentado al borrador de la ordenanza y el duro comunicado que han lanzado esta semana. En él, la Movilidad del Besaya denuncia que la normativa de la futura ZBE de Torrelavega es un «coladero de vehículos altamente contaminantes», un documento que, «debido a las exenciones incorporadas como cesión del Ayuntamiento a la agrupación negacionista contraria a la ZBE», dejan como resultado una suerte de «barra libre» contraria al espíritu de la norma y un agravio a «la salud pública de los más vulnerables, la calidad ambiental y el bienestar de la ciudadanía».
El equipo de gobierno (PRC-PSOE) nunca ha escondido el carácter laxo de la normativa; de hecho, lo ha llevado a gala para no crispar el ambiente ni generar miedos en el tejido comercial ni los vecinos. Pero no todos están de acuerdo con esa tesis. Todas esas exenciones del reglamento que, en aras de ese consenso, propone el Consistorio, son, para la Mesa, las que precisamente echan por tierra el sentido de la ZBE. En la agrupación cargan contra el permiso a acceder hasta 20 veces a la zona, aún sin etiqueta ambiental, y también salen al paso de las intenciones -adelantadas por El Diario Montañés esta semana- de dulcificar la ordenanza durante las fiestas de La Patrona. «La administración municipal sigue sin entender ni interiorizar el espíritu, fines y objetivos de la implantación de la ZBE. Parecen volcados en urdir nuevas estrategias para hacerse trampas al solitario y saltarse 'legalmente' su propia norma, autorizando cuando sea posible el acceso al centro de más y más vehículos sumamente contaminantes», reprochan.
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José Ignacio Arminio
La necesidad de implantar una ZBE sin tantas exenciones responde a la obligatoriedad de esta imposición, pero también a un hecho «demostrado y acreditado con datos» en Torrelavega: que «la ciudad está contaminada y la principal fuente de esa polución son las decenas de miles de vehículos que circulan por ella cada día». Así las cosas, desde la Mesa de Movilidad del Besaya instan al Ayuntamiento de Torrelavega a tomarse en serio esta realidad y cambiar la ordenanza. Tal como está planteada, dicen, esta «supone un boicot a la Zona de Bajas Emisiones» así como a «los esfuerzos y el trabajo» que se han hecho en los últimos años.
También apelan al bolsillo, al esfuerzo económico que han hecho las arcas en este tiempo. La ordenanza propuesta por el Consistorio, dicen, convierte en «absurdo el gasto de más de 1 millón de euros tanto en la contratación de la consultora Doymo como en la compra de los equipos de control y su instalación». De no tomarse en consideración las medidas propuestas en dichas alegaciones, la Mesa de Movilidad amenaza con proponer ante los Ministerio de Transportes y de Transición Ecológica la inclusión del Ayuntamiento de Torrelavega «en el listado de consistorios incumplidores que están implantando las denominadas Zonas Fake que resultan inservibles por su reducido tamaño, por circunscribirse a plazas y zonas peatonales o por incluir un elevado número de exenciones».
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