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El Ministerio del Interior ha roto su silencio y, tras más de dos meses de incertidumbre, riña política y el futuro de la institución en ... el aire, ha garantizado la continuidad del cuartel de la Guardia Civil de Sierrapando y, con ella, la permanencia del Cuerpo en la capital del Besaya. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha sido claro en una carta enviada este jueves no al Ayuntamiento de Torrelavega –ni siquiera al primer teniente de alcalde, José Manuel Cruz Viadero (PSOE)– sino al candidato socialista a la Alcaldía, José Luis Urraca, volcado desde hace semanas en contactar con Madrid y arrojar algo de luz al asunto. El Consistorio, en el último Pleno, ya manifestó esa misma inquietud con la aprobación de diferentes mociones, pero el Ministerio ha decidido aclarar la situación con una misiva directa al buzón del PSOE en lugar de a la institución que representa a todos los vecinos. En cualquier caso, el texto, que tampoco firma Marlaska sino su directora de gabinete, dice así: «El despliegue de la Guardia Civil en Cantabria, en lo que se refiere a su presencia en Torrelavega, actualmente no se encuentra en cuestión y va a seguir siendo, como lo ha sido hasta ahora, una infraestructura fundamental para la operatividad de las unidades que acoge y para el servicio que reciben los ciudadanos de Torrelavega y su comarca».
La «buena noticia», comunicada por el Grupo Municipal Socialista, zanja dos meses de debate político y los esfuerzos de un PSOE que, desde que un comunicado firmado por el Gobierno de Cantabria asoció la construcción del nuevo cuartel de Polanco a la desaparición de la Benemérita en Torrelavega –el 7 de diciembre, en el marco de una conversación entre el presidente Revilla y el ministro–, se ha empeñado en abanderar la defensa del instituto armado y hasta proponer iniciativas plenarias y parlamentarias contra su camarada en Madrid. Esa postura, cuanto menos grotesca para la oposición y hasta por su socio de gobierno en Cantabria y Torrelavega (PRC), se demostró eficaz ayer. Al menos para guardar las palabras del Ministerio en la hemeroteca y vigilar más de cerca que nunca las consecuencias que, a unos cinco kilómetros de distancia, podría tener el nuevo cuartel polanquino –el compromiso que desató toda la polémica y, además, puso las condiciones del puesto de Sierrapando de actualidad–.
De momento, el Ministerio no deja lugar a dudas. El secretario general del PSOE, José Luis Urraca, celebra el sentido del comunicado y sus consecuencias para la capital del Besaya: «En lo social», por esos 162 años que el instituto armado acumula en la ciudad; y «en lo económico», por la importancia que cada vecino tiene en el padrón. Torrelavega tiene 51.142 habitantes, según los últimos datos (2022). No hace falta decir que la marcha de casi un centenar de vecinos, los uniformados y sus familias, hubiera sido especialmente sangrante para un Consistorio que, desde hace años, gobierna empeñado en frenar la hemorragia.
Normal que Urraca asociara ambas pérdidas. «La ciudad no puede permitirse perder más población y la salida de los efectivos y sus familiares hubiera supuesto un claro perjuicio para el comercio local», recopilaba este jueves, antes de reconocer la labor de la Guardia Civil y desear la «pronta actualización de las instalaciones de Sierrapando», otro recado que ya puso de acuerdo a todos los partidos en el último Pleno, salvo a la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT), que abandonó la votación indignada con lo que considera un «circo» a costa de la decadencia del cuartel.
Esa batalla cobra más importancia que nunca ahora que la continuidad del puesto parece garantizada. Entre tanto, la esperadísima respuesta por parte de Interior alivia también a los socios de gobierno (PRC). El alcalde, Javier López Estrada, celebra, sí, pero no olvida: «Estamos satisfechos con que el Gobierno de España haya atendido las peticiones justas de Torrelavega y esperamos que no vuelvan a cometer este tipo de errores que puedan ser tan perjudiciales para la ciudad».
El sabor de boca con el que se queda el primer edil es muy similar al que, junto al presidente Miguel Ángel Revilla y el diputado regionalista en el Congreso, José María Mazón, dejó la omisión de una partida para el soterramiento en los Presupuestos Generales del Estado, tras un error asumido por el Ministerio de Transportes. Final feliz, pero no sin ese recado tipo «ya os vale» directo a Madrid.
Aquella vez, la ministra Raquel Sánchez subsanó el mal trago hablando con Revilla; ayer, Marlaska no fue tan ortodoxo y acabó con la controversia contestando al jefe y candidato del PSOE en Torrelavega. El gesto le ha hecho poca gracia al alcalde que, como representante de todos los vecinos, ha reservado un hueco en su respuesta para afear el hecho. «El Ayuntamiento de Torrelavega es una institución a la que hay que respetar, y las comunicaciones que se le hagan han de ser Ministerio-Ayuntamiento y viceversa. No de Partido Socialista a Partido Socialista».
Cortesía institucional al margen, Marlaska ha puesto fin a dos meses y medio de suspicacias, reproches y aspavientos. El traslado sobreentendido por parte del Gobierno cántabro echó a rodar poco a poco, como una canica en forma de nota, primero, y como una bola de nieve, al final: desde las acusaciones de Urraca contra lo que consideró una maniobra de Revilla, primero; las iniciativas políticas, propias, en el Parlamento, y también ajenas, en el Pleno; la irrupción de la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz (PRC), para ilustrar al PSOE y su «ignorancia pretendida» sobre los planes que Interior –con la Delegación del Gobierno–, venía fraguando desde hace cinco años; hasta, por último, el rechazo mayoritario del Ayuntamiento y el Parlamento a estos supuestos planes, exagerados debates mediante.
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