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Las catorce familias afectadas por órdenes judiciales de desahucio en el edificio Paseo del Norte de Sierrapando están llegando a acuerdos de alquiler ... con la actual propietaria de los pisos, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que hace 15 días pidió al juez que parase los primeros lanzamientos, previstos para el 14 de diciembre. «No somos okupas, sino inquilinos», afirma Saúl Hernández, uno de los afectados.
«Hasta ahora hemos estado callados, pero parece que las circunstancias se atenúan», indica otro de los vecinos, Samuel Jiménez, deseoso de dar a conocer su postura: «Nosotros no tenemos nada con la Justicia. Somos padres de familia y tenemos a los hijos escolarizados. Intentamos hacer bien las cosas. Cuando me encuentro una cartera en la calle se la entrego a la Policía. Somos gitanos, pero esto le puede pasar a cualquier payo».
Saúl Hernández
Vecino del Paseo del Norte
Saúl insiste en que no son okupas: «Entramos con contrato de alquiler y una llave. No hubo fuerza, ni patadas, ni rompimos nada. Al contrario, teníamos nuestras reuniones vecinales y la convivencia siempre ha sido muy buena, como debe ser entre personas civilizadas. Sí es verdad que hubo unos inquilinos que podrían haber estropeado un poco las cosas y la convivencia, pero por qué tenemos que pagar nosotros lo que han hecho otros». «Estamos al corriente de los pagos -añade- y no estamos enganchados a la luz u otros terminales. Tenemos nuestros recibos y estamos en regla. También tenemos célula de habitabilidad».
Juan Pedro Vizárraga hace hincapié en que son cristianos y que si tienen que pedir perdón por algo están dispuestos a hacerlo. «Si tenemos que mejorar en algo -señala-, si hemos molestado a alguien, intentaremos solucionarlo. No somos gente problemática. Al revés, nos gusta aprender de los errores. No somos delincuentes». Respecto a la orden de desahucio, Vizárraga tiene claro por qué el juez tomó esa decisión: «El señor con el que firmamos los contratos está en búsqueda y captura por estafador. Nosotros no somos especialistas para saber si el contrato era válido o no. Entregamos el dinero y todo se vino abajo porque en tres contratos se cambió el precio».
Sin embargo, ahora con la nueva propietaria de los pisos, la Sareb, las cosas parece que están cambiando. Vizárraga asegura que la entidad bancaria pública les pidió documentación y que todo parece en regla. «Nos ha dicho: miren ustedes, ya no son okupas, son inquilinos. Sólo falta la firma. Son contratos de siete años y de en torno a 300 euros al mes. El dinero depende de la situación económica de cada familia. Ahora vamos a firmar ocho y en otra tanda lo harán el resto», concluye.
Un juzgado de Torrelavega ordenó en abril de 2021 el desalojo de 14 pisos ocupados ilegalmente en el edificio de Sierrapando. La sentencia señalaba que los contratos de alquiler que venían mostrando las familias afectadas no eran «creíbles». El lanzamiento se llevó a cabo en el caso de las plazas de garaje, trasteros y locales comerciales, y se aplazó en el de las viviendas tras alegar las familias afectadas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
Se trata de un proceso de ejecución hipotecaria que se sigue a raíz de la denuncia presentada en 2015 por la Sareb contra la promotora que construyó el inmueble, en el que se personó como interesada la comunidad de vecinos propietarios. El edificio tiene dos portales a los que se accede por las calles Emilio de Mier y Santa Teresa de Jesús, y está integrado por 30 pisos. La mitad quedaron sin vender tras estallar la burbuja inmobiliaria, hace más de una década.
El juez acordó hace un mes el levantamiento de la suspensión del lanzamiento, tras considerar que los afectados no están en situación de vulnerabilidad, pero la orden quedó desactivada a petición de la Sareb. La comunidad de propietarios, muy molesta con la decisión del banco público, se dirigió a los políticos y la opinión pública en general para «expresar lo irracional de priorizar los intereses de personas o clanes no vulnerables frente a los propietarios legítimos de los pisos». «Quienes sostienen con sus impuestos la deficitaria gestión de la Sareb son los propietarios que ahora ustedes quieren dejar a merced de familias con las que es imposible convivir», señaló Efrén Tejerina, administrador y abogado de la comunidad, en uno de los escritos que ha remitido a la entidad bancaria.
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