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Las dudas manifestadas por el concejal de Obras y Servicios, José Luis Urraca, alrededor de la gestión en precario del alumbrado y las labores de mantenimiento realizadas por el Ayuntamiento de Torrelavega durante los últimos nueve meses sin contrato en este servicio han indignado ... a toda la oposición. El levantamiento de la suspensión del contrato, aún a falta de firmar con la empresa adjudicataria (Veolia), fue una buena noticia para la Administración y los vecinos de Torrelavega ayer por la mañana, pero también arrojó dudas sobre la forma en la que se ha desarrollado esta interinidad. Las sembró el propio Urraca, asegurando no saber cuánto dinero habría invertido el Consistorio en las tareas de mantenimiento -ejecutadas, dijo, por instaladores de Telnor, Tecnelt y Veolia-, generando en consecuencia el mosqueo generalizado de la oposición y a la cabeza la del PP, que exige la convocatoria de una Junta de Portavoces para arrojar luz sobre esta situación. La petición de los populares la hacen suya también Torrelavega Sí, Vox e IU-Podemos, que coinciden en la «falta de información y transparencia» así como en el «oscurantismo» que revela el departamento en este ámbito.
Los grupos piden analizar con luz y taquígrafos todos los detalles pendientes por esclarecer. El PP los mencionó ayer: desde «qué encargos se han venido haciendo fuera del contrato, a qué empresa, por qué importes» hasta «qué encaje legal» han recibido por parte de la Administración, «así como el motivo por el cual la ciudad sigue sumida en continuos apagones de calles enteras desde hace semanas».
Esa es la cuestión fundamental. Que la precariedad del servicio y los retrasos a la hora de licitar el nuevo contrato han derivado en un contexto de incidencias y apagones disparados por todo el término municipal, una situación que el portavoz popular y líder de la oposición, Miguel Ángel Vargas, imputa a la «dejadez de PRC y PSOE» en general y a la «inacción» del concejal de Obras y Servicios en particular. La coalición pidió antes de ayer disculpas a los afectados por todas estas averías en nombre del Consistorio, en un comunicado en el que avanzaron que «pronto», tras la firma del contrato con la nueva adjudicataria, el servicio volverá a la normalidad.
Las claves
El asunto de fondo El PP urge la convocatoria de una Junta de Portavoces para conocer el coste de los últimos meses en precario
Urraca se defiende El concejal niega cualquier responsabilidad del equipo de gobierno en los retrasosy averías en el servicio
Y sigue sin firma El contrato anterior caducó en octubre de 2023 y no se licitó de nuevo hasta marzo, medio año después
Así habría quedado zanjada y cerrada toda esta cuestión sobre el alumbrado, según Urraca, que ayer, lejos de arrugarse, acusó al PP de «enfangar la actividad municipal». En una nota en la que no entró a valorar la cuantía de las facturas por el mantenimiento durante estos últimos nueve meses, el primer teniente de alcalde equiparó la petición de explicaciones de los populares a una utilización «demagógica», dijo, de las «dificultades administrativas» que viene sufriendo el Ayuntamiento de Torrelavega en la renovación de la prestación de este servicio, inconvenientes de los que el equipo de gobierno «en ningún caso es responsable».
Cabe insistir aquí en que el anterior contrato de servicios electroindustriales, y que prestó la empresa Telnor desde 2018 -como en las últimas décadas-, caducó en octubre, con todas las prórrogas agotadas y sin que el Ayuntamiento hubiera tramitado a tiempo el nuevo proceso de licitación. Esa fecha límite para la prestación del servicio se conocía desde hacía cinco años antes; y, sin embargo, el siguiente no se licitó hasta marzo de 2024.
Pero ayer fue Urraca el que imputó lentitud al PP, por llegar tarde a un asunto, dijo, «que ya ha sido resuelto convenientemente» tras la desestimación del recurso de una de las licitadoras por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC). El fallo de este organismo no resuelve la interinidad; esta terminará cuando la nueva adjudicataria empiece a prestar el servicio en el municipio, tras la firma definitiva del contrato.
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