La ordenanza de espectáculos se debatirá el próximo miércoles después de siete años de espera

El borrador de la ordenanza señala que Torrelavega es una «ciudad viva», en la que se va incrementando el número de espectáculos públicos y actividades recreativas. Según el documento, a la necesidad de desarrollar algunos aspectos recogidos en la ley regional, aprobada en 2017, se une la conveniencia de articular una regulación sobre varios aspectos.

Destaca entre ellos la regulación específica de las solicitudes de celebración de espectáculos, al objeto de garantizar la seguridad de los mismos y proteger la ocupación del dominio público municipal. También se persigue la fijación de las condiciones, requisitos y límites que deben cumplir los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos donde se celebren las mismas, desarrollando cuestiones tales como la fijación de aforos y la utilización de artículos pirotécnicos, en aras del mantenimiento de la tranquilidad y la convivencia ciudadana.

Igualmente, se regularán las condiciones y requisitos de tramitación para la autorización de la celebración de actividades deportivas, así como para autorizar espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario. También se establecerá una regulación más detallada del procedimiento para la autorización de las fiestas populares en los pueblos y barrios.

'En Torrelavega No se Toca', la plataforma ciudadana que agrupa en su mayoría a músicos y otros miembros de la cultura local, verá atendida por fin su demanda para regular e impulsar el sector, especialmente los conciertos en bares y otros locales pequeños, hasta ahora «sin cobertura legal». Otros colectivos, como los de feriantes y organizadores de fiestas populares en los pueblos y barrios, también están a la espera de la ordenanza, pero en su caso para ponerla freno, dado que la consideran una amenaza para su supervivencia. La referida plataforma ha realizado movilizaciones para que la Corporación cumpla lo que acordó por unanimidad en 2017. Entonces se comprometió a aprobar la ordenanza en seis meses y han pasado nada menos que siete años.