La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones exime a los residentes, dueños de garajes y transportistas

La ordenanza fue presentada anoche en el Consistorio a representantes de la Cámara de Comercio, la Mesa de Movilidad del Besaya y las asociaciones de comerciantes, en una reunión presidida por el alcalde, Javier López Estrada. El reglamento tiene por objetivo establecer la regulación y los criterios de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos a motor en la ZBE. La meta final es «preservar la buena calidad del aire de la ciudad de acuerdo con los parámetros establecidos en la legislación vigente, así como velar por la salud del conjunto de la población».

Salvo los vehículos expresamente excepcionados en la ordenanza, el resto tendrán prohibido el acceso, la circulación y el estacionamiento en la ZBE. El Ayuntamiento podrá someter el uso del espacio restringido al pago de una tasa, en base a los términos que establezca la Ley de Haciendas Locales y la correspondiente ordenanza fiscal.

El reglamento también contempla algunas excepciones de carácter específico a las limitaciones de acceso. Podrán superar los 20 accesos al año los vehículos de no residentes que vayan a garajes u otro tipo de establecimientos o actividades con vado. También los que necesiten transportar temporalmente a personas enfermas o con discapacidad, realizar mudanzas, obras, talleres, hospedajes o «vehículos históricos oficialmente reconocidos». Igualmente, la Alcaldía podrá autorizar temporalmente el acceso a la ZBE «con carácter excepcional y por razones de interés general».

El incumplimiento del reglamento tendrá carácter de infracción administrativa y será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza de Tráfico y Circulación del Ayuntamiento. Tendrá la consideración de infracción grave el acceso indebido a la ZBE y será sancionable con multa de 200 euros, lo mismo que el estacionamiento.

Las reacciones no se han hecho esperar. «Es la peor ordenanza que nos podían presentar. Es genérica, no se adapta a la situación socioeconómica de la ciudad y, lo que es aún más importante, a los más de 200.000 clientes del comercio que residen en otros municipios de la comarca», afirma Ángel Herreros, portavoz de la plataforma ciudadana que se opone a la actual ZBE. Según Herreros, la concejala del área, Jezabel Tazón, ni siquiera ha cumplido su palabra de permitir el acceso a todos los residentes en el municipio.

«Seguimos con la misma incertidumbre, el mismo miedo. Esta medida, impuesta por Ley, no le parece bien a nadie. Todos pensamos que va a repercutir negativamente en nuestros negocios», señala Julián Crespo, de la Asociación Emtorre.