El Plan General encara la fase de alegaciones con el futuro del equipo redactor en el aire

Pero mejor ir paso a paso. Lo que sí está en manos del Ayuntamiento es esa argumentación jurídica orientada a salvar el vínculo del documento con el equipo redactor que lo viene trabajando desde hace siete años y medio. La idea fundamental a la que se quiere agarrar la coalición consiste fundamentalmente en la naturaleza de este convenio y la flexibilidad que la Ley de Contratos le concede en este tipo de situaciones. Al contrario que la anterior, bajo la que fue sellada el acuerdo, la última normativa establece una limitación temporal únicamente para los «contratos de servicios de prestación sucesiva» -un máximo de cinco años-.

Esa es la clave. Al ser este un acuerdo de «precio unitario», como refleja este código e insiste en calificar el equipo municipal, la empresa madrileña podría extender su relación con el futuro urbanístico de Torrelavega y no encontrar problemas de aquí a los próximos meses. Voluntad hay. Otro asunto es que los servicios jurídicos puedan respaldar esa argumentación y dar una quinta oportunidad a una relación que ya ha agotado las tres prórrogas posibles en los últimos años -una cuarta, incluso, fuera de contrato y debido a las circunstancias de la pandemia-.

Atendiendo a la cantidad de años que viene estando sobre la mesa puede parecer lo contrario, pero el PGOU es la tarea pendiente más importante para el crecimiento y modernización urbanística de Torrelavega. C. Andrés y Ll. Masiá es la segunda empresa que ha asumido la función de hacerlo realidad en los últimos 18 años. En ese viaje de casi dos décadas, el incumplimiento de plazos, los ritmos de la Administración y, por último, la crisis sanitaria no han hecho más que poner palos en las ruedas y retrasar la ansiada actualización del plan vigente, el de 1986. Más de 36 años después de aquel planteamiento -el segundo que ha regido el plano de la ciudad tras el de 1964-, la adaptación a las nuevas normativas y necesidades urbanísticas de Torrelavega se ha convertido en un verdadero clamor para el desarrollo de la ciudad y muchos de los proyectos que llegan a la mesa del Ayuntamiento hoy en día.

El primer equipo redactor que asumió esa responsabilidad fue la compañía madrileña Prointec. Su relación con el Ayuntamiento duró nueve años, hasta 2013, y no terminó muy bien. El equipo de gobierno, liderado entonces por el popular Ildefondo Calderón, rescindió el contrato en 2013 por incumplimiento de los plazos acordados. No fue hasta dos años después cuando Torrelavega reinició la maquinaria administrativa para ponerse en manos de un nuevo equipo, el último, el de C. Andrés y Ll. Masiá.

Acotado a un plazo de ejecución de tres años -prorrogables hasta un máximo de otros tres-, los avances y la superación de fases han estado muy lastradas por los ritmos del sector público. De ahí las tres ampliaciones que se han venido solicitando desde que finalizó el intervalo inicial, desde 2018, 2019 hasta 2020. Sumada al escollo de la pandemia, la relación entre C. Andrés y Ll. Masiá ha cumplido este mes más de siete años y medio.