El Plan General de Torrelavega encara el «último año» de su tramitación con 107 alegaciones

Ahí es donde entran los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Los técnicos trabajan desde entonces para dar con un resquicio legal y garantizar la permanencia de la compañía madrileña, la segunda que trata de coger el Plan por los cuernos en casi dos décadas de trámites y dolores de cabeza. Después de siete años de relación condicionada por el ritmo de la Administración y la pandemia, el matrimonio entre el municipio y la firma ha gastado ya todas las oportunidades que le concede la ley. A pesar de tres ampliaciones -sin contar una cuarta fuera de contrato y disculpada en las circunstancias de la crisis sanitaria-, el PGOU no ha sido capaz de nacer y dar relevo a la Torrelavega de 1986.

Porque esa es la perspectiva urbanística que todavía dibuja el plano de la ciudad. Más de 36 años después de aquel planteamiento -el segundo Plan General que ha regido la ciudad tras el de 1964-, la adaptación a las nuevas normativas y necesidades urbanísticas de Torrelavega se ha convertido en un verdadero clamor para el desarrollo de la ciudad y muchos de los proyectos empresariales que llegan a la mesa del Ayuntamiento. Con todo, el alcalde, Javier López Estrada, confía en salvar el escollo y dar paso a un PGOU con los ojos puestos en el siglo XXI. Optimista de cara a la prórroga, el regidor confía en que la hoja de ruta encara su «último año» y se podrá aprobar el año que viene.

La 'bola gratis' que López Estrada y el conjunto de la coalición tienen la esperanza de jugar para alargar su relación con el equipo redactor se sostiene en la Ley de Contratos de 2017. El razonamiento al que se agarran los técnicos tiene que ver con la naturaleza del contrato de C. Andrés y Ll. Masiá, supuestamente libre de la limitación temporal de la que sí dependen los «contratos de servicios de prestación sucesiva». Al ser el Torrelavega un acuerdo de «precio unitario», la empresa madrileña podría extender su relación con la capital del Besaya y no encontrar problemas de aquí hasta su aprobación definitiva.

Lo último que quiere la coalición (PRC-PSOE) es seguir alargando la cadena de despropósitos que, desde hace 18 años viene dilatando la aprobación del documento urbanístico más importante de la ciudad. Para hacerse una idea de las vueltas que viene dando la tramitación, la primera responsable política que emprendió la odisea para actualizar el Plan fue la actual portavoz de Torrelavega Sí y por entonces alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, en 2004.

Aquel año empezó la odisea. El primer equipo redactor que asumió esa responsabilidad fue la compañía madrileña Prointec. Su relación con el Consistorio duró nueve años, hasta 2013, y no terminó muy bien. La decisión, basada en un informe jurídico, cogió por sorpresa al resto de grupos de la Corporación. El PGOU empezaba a atragantarse. No fue hasta dos años después -pasado el mandato de Lidia Ruiz Salmón y con José Manuel Cruz Viadero en el poder-, en 2015, cuando Torrelavega reinició la maquinaria administrativa para contratar a C. Andrés y Ll. Masiá. Hoy por hoy, nadie garantiza que esta firma sea la última.