El Plan General de Torrelavega se queda sin su equipo redactor en plena fase de alegaciones

No es una labor insustituible, pero casi. El desamparo que desde hoy sufre el PGOU viene siendo un motivo de preocupación para la coalición de gobierno desde hace semanas. Y quieren evitarlo como sea. Para ello, el Ayuntamiento está estudiando distintas vías para prorrogar el contrato y garantizar así la permanencia del equipo redactor hasta la aprobación de la hoja de ruta urbanística. El problema es que ya ha gastado todas las oportunidades en el pasado, hasta tres ampliaciones, sin contar una cuarta -fuera de contrato- disculpada en las circunstancias de la crisis sanitaria. Pasados los tres años de convenio, firmado en 2015, cada curso ha dado paso a una prórroga -2018, 2019, 2020- o una justificación, en 2021.

Con todas esas alternativas ya agotadas, el Consistorio se ve obligado ahora a encontrar un resquicio legal de algún tipo para excusar un nuevo aplazamiento. Lo que sea con tal de que el Plan General y sus autores permanezcan juntos ante las alegaciones de la ciudadanía. De lo contrario, el futuro del escrito pasaría a un limbo que ya ha sido calificado como «muy grave» en el seno de la coalición de PRC y PSOE.

Han pasado siete años y medio desde que la firma de C. Andrés y Ll. Masiá asumió la tarea de concluir y aprobar el PGOU, el escrito pendiente más urgente en la agenda del municipio. La compañía madrileña ya es la segunda empresa que asume la tarea, un periplo de casi veinte años inaugurado en 2004 y que, más que ilusiones para actualizar el Plan vigente -aprobado en 1986-, viene generando dolores de cabeza a cada equipo de gobierno que se hace con el bastón de mando del Ayuntamiento.

Más de 36 años después de aquel planteamiento -el segundo que ha regido el plano de la ciudad tras el de 1964-, la adaptación a las nuevas normativas y necesidades urbanísticas de Torrelavega se ha convertido en un verdadero clamor para el desarrollo de la ciudad y muchos de los proyectos que llegan a la mesa del Ayuntamiento. Han pasado 18 años, pero los objetivos que hoy persigue el alcalde y concejal de Urbanismo, Javier López Estrada, son exactamente los mismos que empujaron a la entonces regidora socialista Blanca Rosa Gómez Morante -hoy portavoz de Torrelavega Sí- a ponerse manos a la obra en 2004 y dar paso a un PGOU con los ojos puestos en el siglo XXI.

Por aquel entonces, el primer equipo redactor que asumió esa responsabilidad fue la compañía madrileña Prointec. Su relación con el Ayuntamiento duró nueve años, hasta 2013, y no terminó muy bien. El equipo de gobierno, liderado entonces por el popular Ildefondo Calderón, rescindió el contrato del Plan General en 2013 por incumplimiento de los plazos acordados. La decisión, basada en un informe jurídico del Consistorio, cogió por sorpresa al resto de grupos de la Corporación. El PGOU empezaba a atragantarse. No fue hasta dos años después, en 2015, cuando Torrelavega reinició la maquinaria administrativa para ponerse en manos de un nuevo equipo, el último, el de C. Andrés y Ll. Masiá.

Acotado a un plazo de ejecución de tres años -prorrogables hasta un máximo de otros tres-, el acuerdo suscrito entre esta empresa y el Ayuntamiento ha estado muy lastrado por los ritmos de la Administración. De ahí las tres ampliaciones que se han venido solicitando desde que finalizó el intervalo inicial, desde 2018, 2019 hasta 2020. Sumada al escollo de la pandemia -que en 2021 también se cobró otra petición para ampliar el convenio hasta hoy- la relación entre C. Andrés y Ll. Masiá ha cumplido esta semana más de siete años y medio. Esta por ver si la relación crece o termina definitivamente hoy. El Ayuntamiento es optimista y, de hecho, confía en encontrar una solución acorde a derecho para encauzar el futuro urbanístico de la ciudad.

La noticia es un jarro de agua fría para el Ayuntamiento, pero el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, confía en salvar el escollo en cuestión de unos días. «Existen herramientas jurídicas suficientes para ampliar el contrato en vigor y continuar con esta empresa», declaró ayer, preguntado por la caducidad del contrato. El equipo de gobierno es optimista y, de hecho, ya avanza que existe un consenso amplio entre la «parte política y la jurídica» alrededor de esta necesidad sobrevenida. «Se entiende que es lo mejor. Sería injusto quitarles ese contrato por causas no imputables», justifica López Estrada.

Con ello, el primer edil se refiere a todas esas causas de fuerza mayor que el equipo redactor se ha visto obligado a asumir durante la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), desde los informes sectoriales que vienen opinando sobre su contenido hasta la pandemia -causa de una de las cuatro ampliaciones de plazo aprobadas por la Corporación municipal-.