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El colectivo contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Torrelavega da el paso definitivo para frenar la implantación de esta restricción a la movilidad y ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), un procedimiento que ya ha sido ... admitido a trámite y que, de hecho, ha llegado ya al buzón del Ayuntamiento, al que los jueces solicitan diversa documentación sobre la forma en la que se ha ido moldeando la medida. La apelación que presenta la asociación 'Salvar Torrelavega' carga específicamente contra la tramitación de la delimitación –no la ordenanza– de esta área restringida y libre de coches considerados contaminantes –sin etiqueta ambiental–, un perímetro de unos 200.000 metros cuadrados del centro urbano y que, de acuerdo a los planes del Ayuntamiento, estarán sujetos a la normativa, pendiente aún de su aprobación definitiva. La plataforma basa su procedimiento en lo que consideran una serie de «incumplimientos flagrantes» cometidos por el Consistorio a la hora de cursar los avances y plantear esta superficie, acotada entre las calles José María Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina.
Es difícil determinar el alcance que tendrá este recurso todavía porque la justicia es lenta –más en verano– y la apelación únicamente se ha admitido a trámite, pero el inicio del procedimiento y la solicitud de los papeles por parte del Tribunal ya ha generado cierta inquietud en el Ayuntamiento. En Baldomero Iglesias siguen, pese a todo, convencidos de su hoja de ruta:aprobación definitiva de la ordenanza, implantación de las cámaras y la tecnología, etc. De hecho, niegan la mayor y aseguran haber «cumplido todas las reglas».
Ya entrando más en detalle, los motivos que inspiran este recurso se basan fundamentalmente en la «ausencia de un informe sobre el impacto socioeconómico de la ZBE» y otra treintena de «incumplimientos» del Real Decreto que debe regir esta restricción, «vulneraciones» que vienen formando parte del discurso de esta plataforma y de las palabras de su principal portavoz, el empresario Ángel Herreros, desde que emprendió una batalla contra el Consistorio y esta medida a finales del verano de 2023.
Ayer, Herreros se hizo fuerte en la admisión a trámite del recurso para cargar otra vez contra el camino transitado hasta ahora en la ciudad del Besaya. «Esta Corporación no ha hecho caso de las alegaciones ni de los incumplimientos que se les ha señalado. Son ellos los que nos empujan a los ciudadanos a ir a la vía judicial», argumentó, antes de citar el devenir en los tribunales de otras ZBE, como las de «Burgos (Castilla y León)o Gijón (Asturias)».
El colectivo enumera una treintena de infracciones del Real Decreto, incluida la falta de un «informe del impacto socioeconómico»
El Ayuntamiento subraya que ha cumplido «todas las reglas» al tramitar la ZBE y reivindica una Torrelavega «mejor para vivir»
Esa supuesta inconveniencia y el carácter desfavorable de esta restricción tal y como la propone el Ayuntamiento, transmitida a través de miles de carteles amarillos de la plataforma que han empapelado el tejido comercial de Torrelavega, ya ha sido transmitida a los jueces del TSJC, en la antesala de un proceso del que Herreros espera lograr una Zona de Bajas Emisiones «más adecuada» a un municipio como Torrelavega. «Queremos que se haga a la medida de esta ciudad», incide, convencido de una situación medioambiental «extraordinariamente buena» y desproporcionada de las medidas que propone la coalición (PRC-PSOE).
Los augurios y las tesis más pesimistas de la plataforma contra la Zona de Bajas Emisiones –cuyo nombre completo es 'Salvar Torrelavega de una ZBE Ruinosa'– ya venían siendo una piedra en el zapato del Ayuntamiento desde hacía meses a la hora de vender esta medida desde las instituciones, pero nunca habían cruzado la puerta de los tribunales.
Ahora que ese fantasma está sobre la mesa, el Consistorio dice ver reforzado su deseo de construir una Torrelavega más limpia y «mejor para vivir», pero tampoco puede evitar lamentar sobre todo dos cosas a raíz de este asunto:una, el «daño» que, desde ese colectivo, opinan, se está haciendo contra el comercio local;y el «gasto» que este litigio puede suponer para las arcas locales en los próximos meses.
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