El Pleno aprueba la salida del Consorcio tras la «chapuza» del proyecto de piscina olímpica

Durante el intenso debate, el concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide (PSOE), reconoció que el error del equipo de gobierno local ha sido «no habernos salido antes del Consorcio», recordando que en diciembre de 2013 se firmó un nuevo convenio en el cual ya sólo se preveía por parte del Gobierno regional la financiación de las instalaciones construidas en Colindres, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente, quedando Torrelavega fuera de dicho acuerdo, y, por tanto, «sin sentido» que perteneciera a esta entidad. Sin embargo el concejal responsable de Urbanismo resaltó que su departamento está trabajando en una modificación puntual para que el proyecto de piscina olímpica de 50 metros tenga cabida en los terrenos anexos al campus universitario. Su compañero de gobierno y concejal de Deportes, el regionalista Jesús Sánchez -que aclaró que hasta ahora el Ayuntamiento ha pagado ya al Consorcio 22.000 euros, al margen de la demanda judicial de la constructora Ascán en la que reclama más de 400.000 euros a pagar entre todos los municipios integrantes de la entidad, incluido Torrelavega-, resaltó que el acuerdo plenario pone fin a ese convenio, pero «no significa que la ciudad renuncie al proyecto de una piscina olímpica».

Para el PP, en palabras de su edil y exconcejal de deportes, Enrique Gómez Zamanillo, la figura del Consorcio de Infraestructuras Deportivas creado por el Gobierno regional (PRC-PSOE) es «una chapuza» y «un ejemplo más de improvisación», además de «un invento del PRC, muy del gusto de crear empresas públicas para llevar a cabo todo tipo de proyectos». Asimismo, advirtió que la cantidad que se adeuda todavía por el mero hecho de pertenecer al Consorcio «es mucho más elevada que lo que se ha pagado hasta ahora», lo que, a su juicio, demuestra que «toda esta operación es un despropósito» y «sería el colmo que además tengamos que pagar por las piscinas que sí están construidas en otros municipios». En opinión del edil popular la solución para que la capital del Besaya disponga de una piscina olímpica es que el Ayuntamiento cuente con la ayuda del Gobierno regional a través de un acuerdo entre ambas administraciones «sin necesidad de recurrir a inventos como el Consorcio».

Por su parte, la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante explicó que su formación no entiende por qué se ha esperado dos años más si desde 2016 existe un informe del interventor municipal en el que se advertía del problema que podía generar la continuidad en el Consorcio del que «además ya nos habíamos desvinculado en 2013 pues fue el propio Gobierno de Cantabria el que nos echó de él porque dijo que solo se financiarían las infraestructuras ya construidas».

Más contundente se mostró el concejal de Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT), Iván Martínez, quien subrayó que con este acuerdo «se pone fin a doce años de mentiras y de tomar el pelo a los ciudadanos de Torrelavega, a los que se ha mareado primero con una piscina de 25 metros, luego de 50 y que nos ha costado bastante dinero ya a todos, a día de hoy ni se sabe cuanto, y por cuya pertenencia al Consorcio la empresa Ascán reclama todavía 400.000 euros». El portavoz de la formación asamblearia mandó un recado a socialistas y regionalistas, a los que instó a «ponerse las pilas» para buscar la financiación de la piscina olímpica con la ayuda del Gobierno cántabro porque entiende que lo que se ha hecho se resume en que: «Fuimos a por lana y salimos trasquilados». También de forma gráfica y sintética se expresó el portavoz de Torrelavega Puede, David Barredo, que dijo que «doce años después aquí no hay piscina, ni está, ni se la espera».

Por otro lado, con el voto en contra de Torrelavega Puede se dictaminó la prórroga por dos años más del convenio suscrito el 1 de septiembre de 1987 con la orden franciscana del Espíritu Santo de Montpellier para mantener la gestión del Hogar del Transeúnte hasta que se disponga de un nuevo edificio para albergarlo. Durante el debate, PP, Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede reprocharon al equipo de gobierno que no se tome «en serio» el futuro de este servicio y no ponga «sobre la mesa» un nuevo modelo de gestión del centro municipal para cuando las religiosas dejen de ocuparse de él, ya que por su avanzada edad han anunciado su marcha.

El edil regionalista Pedro Pérez Noriega anunció su compromiso para antes de 2020 tener concluido el trabajo que permita disponer de un nuevo inmueble para el Hogar, en sintonía con su compañera en el equipo de gobierno, la socialista Patricia Portilla, quien defendió que con un nuevo edificio mejorará también la gestión del servicio.

En materia de Urbanismo, también se dio luz verde a la cesión gratuita al Gobierno de Cantabria de las fincas de titularidad municipal incluidas en el Área de Intervención C-8 de Campuzano, con el objeto de llevar a cabo en 2019 una promoción de 22 viviendas en régimen de alquiler social.