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El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha dado luz verde este martes la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el texto por el que se regirán las futuras restricciones al tráfico en la zona delimitada entre las calles José María de Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina. El reglamento, más permisivo que el planteado inicialmente tras un proceso de diálogo y negociación entre el equipo de gobierno y el resto de grupos de la oposición, ha salido aprobado de forma definitiva con los votos a favor de los partidos de la coalición (PRC-PSOE) y Torrelavega Sí (15), la abstención del PP -sin Mayte Cacho ni Miguel Remón en la sesión- e IU-Podemos (6) y a pesar del voto en contra de Vox (2). «Pese a las discrepancias, hemos demostrado madurez, diálogo y talante político», ha celebrado la concejala de Movilidad y Urbanismo, Jezabel Tazón, satisfecha con un reglamento que, aunque «obligado por Ley», como ha apostillado, servirá para «mejorar el grave problema mundial de emisiones y cambio climático». Y un matiz importante con vistas al futuro: este «tiene que ser un documento vivo que se vaya adaptando a las necesidades, que se vaya modificando, tal vez, si no da los frutos que tiene que dar».
Entre tanto, la mayoría de gobierno y de los grupos de la Corporación han demostrado salir relativamente satisfechos con la ordenanza, salvando a Vox e IU-Podemos -con posiciones contrapuestas pero igualmente disconformes-, aunque con matices importantes. PRC y PSOE defienden su carácter «equilibrado» entre «la búsqueda de una mejora en la calidad del medio ambiente y el acceso de los ciudadanos», como ha defendido la concejala de este área, Patricia Portilla, a la ahora de recordar el número de exenciones y atenuaciones que se han introducido en las últimas semanas; sin embargo, sólo Torrelavega Sí se ha mostrado de acuerdo con esa visión ponderada y balanceada entre la «calidad ambiental» y el objetivo de «no producir un menoscabo en la sostenibilidad económica», como ha recalcado Arturo Roiz.
La posición del PP, que ha participado y con éxito en la presentación de alegaciones para tratar de suavizar esta normativa, sigue siendo muy distinta a las anteriores. «No es lo que nosotros hubiéramos hecho, pero viene a mejorar el que se elaboró hace meses», ha declarado Miguel Ángel Vargas para justificar la abstención de su grupo: «Quisimos mejorar el documento. Si así lo conseguimos hay que respaldarlo. Puede ser difícil de entender para algunos, pero creemos en la política responsable».
Donde no convence nada la propuesta de ZBE es en Vox y en IU-Podemos. En un caso, por excesivamente restrictiva; en el otro, por excesivamente permisiva. A pesar de esto, el concejal Borja Peláez (IU-Podemos), ha decidido cambiar su voto a la abstención. «Nos parece una ZBE escasa pero que debe ponerse en marcha», ha declarado, tras definir la ordenanza como «coladero» y reprochar al equipo de gobierno su «falta de compromiso» con las políticas verdes. Roberto García Corona, por su parte, no ha alterado la posición que su partido, Vox, venía manteniendo en relación a este asunto. «Esta es una mala propuesta de una mala ZBE y de un mal reglamento», ha calificado, preocupado con la «incertidumbre» que esta medida puede generar entre los vecinos.
Pero el momento más tenso de la sesión no ha sido este sino el de ruegos y preguntas, concretamente durante las dudas formuladas -por escrito, desde antes de la sesión- por parte del PP en relación a dos asuntos: uno, los avances en el último mes en relación para la aprobación del reconocimiento del complemento de destino superior de la Policía Local y administrativos para dar cumplimiento a una moción del año pasado; y dos, los gastos de alumbrado público realizados por el Consistorio durante el periodo de interinidad que ha sufrido este servicio durante los últimos nueve meses, desde que caducó el último contrato con Telnor, en octubre, hasta la firma del nuevo con Veolia, el 18 de julio. Las contestaciones del alcalde, Javier López Estrada, recordando que el Ayuntamiento sigue trabajando desde la Concejalía de Régimen Interior y Policía, en un caso, y en la recopilación de documentación, en el otro no ha convencido al grupo popular, que ha terminado levantándose y abandonando la sesión. Antes de dejar la sala, el cruce de palabras ha sido intenso. Vargas: «Tiene que responder. Son preguntas que interesan a los vecinos. Usted tiene la obligación de dar esa transparencia porque se lo hemos solicitado por el cauce reglamentario. Le exijo las respuestas. Que a usted no le venga bien contestar es otra cuestión, pero tenemos todo el derecho a obtener esa información. ¿Es un paripé el turno de ruegos y preguntas?». López Estrada: «Tú tienes todo el derecho a formular las preguntas que desees y yo la obligación de contestar lo que creo que es correcto, real y veraz».
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