El Pleno de Torrelavega rechaza paralizar la implantación de la zona de bajas emisiones

Vox propuso que el Pleno aprobase instar al alcalde, Javier López Estrada (PRC), a paralizar dicha implantación para evitar «el perjuicio económico» al comercio local y los trabajadores, así como «a las familias que no tienen la capacidad de cambiar de vehículo, y la restricción de la libertad de movimiento de los vecinos». La moción quedó rechazada porque solo se sumó a ella el PP, votando en contra el resto de grupos políticos (PRC, PSOE, Torrelavega Sí e IU-Podemos).

La regionalista Jezabel Tazón recordó que la Ley de Cambio Climático «obliga» a contar con una ZBE a todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes y que el Ayuntamiento de Torrelavega podría perder ayudas por importe de 3,5 millones si no cumple la normativa. También hizo hincapié en que el espacio delimitado es el «mínimo exigido» y que todos los pasos que se están dando están basados en un «estudio exhaustivo» realizado por la empresa a la que se adjudicó el proyecto.

El otro grupo que integra el equipo de gobierno, el PSOE, defendió una postura similar. Su portavoz en este caso, Patricia Portilla, dijo que poner en marcha la ZBE no es una opción, sino un «requisito legal» para combatir los efectos del cambio climático. También advirtió de la posible pérdida de subvenciones «imprescindibles» para confinanciar proyectos que «determinan el modelo de ciudad que todos queremos». Respecto a la incertidumbre que pesa sobre los ciudadanos, dijo que el deber del equipo de gobierno es facilitar una información «didáctica» y elaborar una ordenanza que «flexibilice» el uso de la ZBE.

El PP, principal partido de la oposición, se mostró «absolutamente en contra» de la medida. Su portavoz, Miguel Remón, propuso que se solicite la exención de su cumplimiento, como ha logrado Pontevedra. Según él, Torrelavega podría hacerlo «incluso mejor» que la ciudad gallega. Recordó que la capital del Besaya cuenta con ronda de circunvalación (Bulevar Ronda) desde hace más de dos décadas, muchas calles peatonales y una calidad del aire «excelente», superando los índices marcados por la Organización Mundial de la Salud.

En el caso de que no se logre la exención, los populares apuesta por pedir una prórroga que permita seguir avanzando en la mejora del transporte público o la construcción de aparcamientos disuasorios. Si finalmente el Consistorio se ve a obligado a implantar la ZBE, el PP propone que se habilite en las calles peatonales y sea «lo más pequeñita posible». «Y no vamos a peder fondos europeos, dejen de meter miedo a los ciudadanos», indicó Remón.

En la exposición de motivos de la moción, el portavoz de Vox, Roberto García Corona, señaló que la zona de bajas emisiones es una «imposición» para aplicar leyes inspiradas en «principios radicales», que «se han revelado claramente contrarias al interés general». «La conservación y mejora del patrimonio natural es necesaria, pero ha de llevarse a cabo respetando la calidad de vida de las personas, sin que el peso de estos cambios recaiga sobre los hombros de los vecinos y mucho menos en forma de restricciones que atacan directamente el principio de libertad de movimiento y circulación, o ponen en grave riesgo su prosperidad», afirmó García Corona.

Blanca Rosa Gómez Morante, portavoz de Torrelavega Sí, rechazó estas consideraciones y apostó por seguir adoptando medidas de movilidad sostenible, como las que ella misma defendió siendo alcaldesa durante varias legislaturas, caso de la peatonalización de calles. «En este momento, la ciudad tiene que ser ambiciosa», dijo. El concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, rechazó la moción en su totalidad: «Está plagada de viejos mantras anticientíficos ya habituales de la ultraderecha mafiosa».