La Policía detiene al agente de seguros investigado por una presunta estafa en Torrelavega

Numerosos clientes denunciaron que se habían quedado sin cobertura pese a pagar las pólizas y tener los recibos, que resultaron ser falsos. La oficina que regentaba J. G. F., situada en la confluencia de las céntricas calles Ronda Garcilaso y Marqués de Santillana, permanece cerrada desde el pasado mes de diciembre. Cientos de afectados solicitaron ayuda en otras oficinas de la compañía aseguradora, Generali. La empresa afirma que nada más enterarse de la «mala práctica» del agente, procedió a rescindir su contrato y presentó la «correspondiente demanda». Generali, que sustituyó a J. G. F. «de inmediato», lamenta «enormemente» el trastorno que esta situación ha podido generar a los clientes afctados.

El Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria también ha reaccionado a la noticia. Concretamente, ha condenado de forma «enérgica» cualquier tipo de fraude en la contratación de pólizas y reivindica las buenas prácticas de esta actividad profesional y la defensa de los usuarios, máximas que contemplan los estatutos del colectivo, aprobados recientemente. La Junta de Gobierno de la entidad lamenta «profundamente» este tipo de «situaciones aisladas» y recuerda que la colegiación de los profesionales «salvaguarda» las buenas prácticas en la contratación de seguros, a la vez que «asegura a los consumidores y usuarios la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la profesión».

En este sentido, aconseja a los ciudadanos que contraten sus seguros con corredurías y agentes colegiados que «cuentan con todas las garantías para el ejercicio de la profesión». Igualmente, invita a los consumidores a que contemplen este presunto caso de «fraude» como una situación excepcional que «no debe mermar la buena reputación del colectivo de los profesionales de seguros en Cantabria».

La oficina del detenido, con varias décadas de trayectoria, la empezó a regentar su padre y tenía cientos de clientes, que comenzaron hace un año a contactar con otros agentes de Cantabria en busca de ayuda. J. G. F. dejó de atender sus llamadas y correos electrónicos pese a la necesidad que tenían algunos de, por ejemplo, tramitar un siniestro o porque habían sido multados por no tener en regla el seguro del coche. Estaban desprotegidos y no lo sabían.

Generali le pasó lo que quedaba de la cartera de clientes de J. G. F. a María González, agente exclusivo, que primero atendió a los afectados con ayuda de una mediadora en un local provisional de la calle Julián Ceballos y ahora lo hace, desde el 1 de octubre, en otro ya definitivo situado en la Avenida de España. Algunos afectados ni siquiera se habían enterado de la presunta estafa porque no habían necesitado hacer uso del seguro.

El Diario Montañés ha contactado con más clientes afectados, pero prefieren guardar silencio. En el sector hay preocupación. Álvaro de la Fuente, que regenta una oficina de seguros en la calle Joaquín Hoyos, ha prestado ayuda a un centenar de afectados. Preguntado por este periódico, dejaba claro el miércoles que este tipo de casos perjudican mucho a la profesión: «Muchas veces cuando hacemos las pólizas buscamos la confianza del cliente, pero es difícil conseguirla en una sociedad en la que hay tanto fraude. Lógicamente, la gente no sabe en quien confiar». Adolfo González, que tiene su oficina en Santander, señalaba que también ha tenido que atender a «gente que se ha quedado tirada», aunque el caso es «un hecho puntual».