El polígono de Las Excavadas ha reducido su tamaño a la mitad en nueve años de trámites

Algunas de las alegaciones presentadas a favor y en contra de esta iniciativa recuerdan la reducción que ha sufrido la extensión del futuro complejo industrial, valorado en unos 21 millones de euros, según viene estimando la Consejería de Industria. Según la ordenación proyectada, de hecho, solo 15 de esas 26 hectáreas, más o menos, serían destinadas a un uso puramente industrial; el resto de metros cuadrados están reservados para la construcción de viales, zonas verdes, etc.

La superficie es solo una de las cuestiones clave y que están en entredicho en algunas de las cerca de 180 alegaciones presentadas por la ciudadanía -ya sea porque es considerada demasiado grande o al contrario-. El Ejecutivo regional, tras un proceso de información pública que terminó en diciembre y otro de consultas este mes, dará respuesta a todas en las próximas semanas, a través de la sociedad de Suelo Industrial Cantabria (Sicán). Y aún quedan varios pasos antes de la aprobación provisional del PSIR, desde la presentación del estudio hasta la Declaración Ambiental Estratégica, con toma en consideración de las aportaciones de la ciudadanía.

Desde que empezó a gestarse en 2016 hasta ahora, el PSIR ha merecido la atención de diferentes voces, siendo las críticas muy sonadas -la Asamblea en Defensa de Las Excavadas, Ecologistas en Acción, Cantabristas o Equo son un ejemplo-. Pero la contestación social no es unánime.

En la ronda de alegaciones, el exconcejal socialista de Urbanismo (2014-2019) José Otto Oyarbide parte de una premisa distinta, poniendo de manifiesto la necesidad de levantar un complejo industrial como mínimo tan grande como el planteado entonces.

En sus objeciones, solicita el mantenimiento de esas 52,2 hectáreas. «La contemplada y avalada es insuficiente a medio y largo plazo para dar respuesta a la demanda de suelo industrial», razona, basándose en «las previsiones urbanísticas existentes» a efectos de la «desclasificación de suelos urbanizables (Corredor Sniace-Solvay) o el cambio de usos en la Revisión del PGOU (Campuzano y Tanos)». Oyarbide se hace fuerte en ese argumento apuntando a la situación de los polígonos de Tanos-Viérnoles y el Parque Empresarial Besaya, «totalmente completos».

Oyarbide apunta también a una necesidad clara de «garantizar» los accesos al complejo y propone «una nueva conexión en la salida de la autovía A-67 en Mies de Molladar» mediante «un nuevo viaducto sobre el río Besaya». En esa línea, también apunta a la necesidad de comunicar el nuevo polígono y el apeadero ferroviario de Viérnoles «con nuevos accesos peatonal y ciclable».

Otro tema candente al que muchos han hecho referencia: el valor agrológico del suelo. El que fuera edil de Urbanismo recuerda que este, «de alto valor con limitaciones, no es el de mayor categoría en el municipio». No obstante, sí deja claro que «se debe garantizar el realojo de los afectados y el mantenimiento de su actividad agrícola-ganadera». Por último, y tras casi una década de tramitación, responsabiliza del retraso del PSIR a los tres últimos consejeros de Industria (Francisco Martín, Javier López Marcano y Eduardo Arasti).

El de Las Excavadas es un proyecto clave desde la óptica del equipo de gobierno (PRC-PSOE), que entiende la creación de suelo como una «necesidad», tal y como asegura el concejal de Industria, Pedro Pérez Noriega. A su agenda, cabe sumar también el futuro asociado a los terrenos fabriles de la antigua Sniace.