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El Pleno de Torrelavega debatirá, en su próxima sesión, la petición de una posible moratoria para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Lo hará a propuesta de Vox, que ha presentado este lunes una moción ante la Comisión Informativa de Movilidad del Ayuntamiento de Torrelavega. «Es fundamental que Torrelavega no repita los errores de otras ciudades. No podemos permitir que una medida tan perjudicial para los vecinos se implemente en nuestra ciudad sabiendo que no cuenta con informes técnicos suficientes, como el de su impacto socioeconómico, y que esto ha supuesto su anulación en otras ciudades», ha declarado el portavoz del grupo, Roberto García Corona, a colación de la anulación de las ZBE en Madrid y, sobre todo, la admisión a trámite en el TSJC de un recurso presentado por la plataforma Salvar Torrelavega -contraria a la medida y crítica, precisamente, con la tramitación y la presunta asunción de informes técnicos favorables-.
Para Vox, seguir adelante con la implantación de la ZBE mientras esta sigue pendiente de una resolución judicial «es un acto de responsabilidad por parte del alcalde». Roberto García ha adelantado en una misiva cuáles son los argumentos que presentará en el próximo Pleno, durante el debate de esta moción. «La implantación de la ZBE en Torrelavega carece de los estudios técnicos necesarios y, además, está pendiente de resolución judicial. No podemos permitir que esta medida avance sin tener todas las garantías legales y sociales», ha declarado, antes de hacer referencia al impacto negativo, dicen, que han demostrado tener estas restricciones a la circulación. «Si la justicia finalmente anula esta medida, como ya ha sucedido en otras ciudades, el Ayuntamiento se enfrentaría a problemas económicos por la devolución de las sanciones injustamente impuestas a los vecinos», ha advertido.
Vox no ha cambiado su posición sobre la ZBE, siempre crítica. Roberto García Corona también quiso hacerse fuerte en esa postura, «una oposición clara y constante a la ZBE en Torrelavega desde el inicio, considerando que la realidad económica, medioambiental y social de la ciudad no justifica la necesidad de imponer estas ruinosas restricciones».
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