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La posibilidad de trasladar a la Guardia Civil de Torrelavega a Polanco, mencionada en un comunicado del Gobierno de Cantabria hace dos meses y en el marco de las conversaciones que Revilla mantuvo con el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, sigue dando de ... qué hablar, estirando el chicle de las declaraciones de la clase política municipal y, desde este miércoles, de la regional. Después de acusar al presidente autonómico de urdir esos planes, los socialistas de Torrelavega han decidido unir fuerzas con sus colegas a nivel regional, centrar el tiro en Madrid y oponerse ahora al verdadero actor con mando en plaza en el asunto, el Ministerio, para que no reme a favor de lo que, si ocurriera –en Peña Herbosa no sostienen lo dicho en la nota–, supondría un «golpe bajo» para la ciudad.
Ante la duda, el PSOE vuelve a marcar terreno. Su secretaria de Organización y portavoz en la cámara, Noelia Cobo, y el secretario general del partido en la capital del Besaya, José Luis Urraca, se plantaron ayer frente al cuartel de Sierrapando para anunciar la presentación de una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Cantabria, una iniciativa orientada a solicitar el refuerzo de la labor de la Guardia Civil en la ciudad y, sobre todo, «instar al Gobierno de España a paralizar cualquier iniciativa que afecte a la salida del cuerpo de Torrelavega».
En esa línea, Cobo ha avanzado que extenderán el contenido de esa solicitud a la realización de una «reforma» para mejorar el cuartel torrelaveguense, sumándose así a la petición que el PRC de Torrelavega trasladó hace una semana al Gobierno de Sánchez.
A su lado, el candidato a la Alcaldía, José Luis Urraca, reiteraba lo que por otro lado ya dijo hace unos días, cuando marcó el paso de su socio de gobierno y prendió el debate sobre el futuro de la Guardia Civil en la ciudad. «Mostramos nuestro rechazo a que pueda ser trasladada a cualquier otro municipio. Entendemos que cualquier mejora que tenga que hacerse siempre tendrá que ser dentro del municipio de Torrelavega», insistió, antes de mostrarse abierto a un posible cambio de ubicación de la sede de la Benemérita.
El contenido de esa PNL también se replicará en un Pleno municipal del Ayuntamiento, a través de una moción que ya ha sido registrada por los de Urraca. El debate a nivel parlamentario y municipal está servido. Y la posición del alcalde, Javier López Estrada, no ha cambiado en estos últimos días de nervios, suspicacias y recados entre ambos socios. Este miércoles no ha sido una excepción. «La responsabilidad sobre la decisión de un futuro traslado es del Ministerio del Gobierno de Pedro Sánchez y ante ellos debemos reclamar», ha señalado el regidor, uno de los dos regionalistas que, junto al portavoz del grupo y concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, ya exigió el «mantenimiento y la mejora del cuartel» al departamento de Grande-Marlaska.
No hecho falta que el futuro de la Guardia Civil se incluya en el orden para que la oposición opine sobre el asunto. Si el alcalde ya tuvo que responder y recordar que no tiene «conocimiento oficial» sobre ese posible traslado ante las preguntas del concejal del PP Miguel Ángel Vargas, el pasado 3 de enero, ayer fue el portavoz de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, el que expresó su preocupación: no sólo la posible merma que supondría para la seguridad sino por la «ruina» a la que se verían abocados los negocios que dependen de servicios como la «consigna de armas, que ofrece cobertura a toda Cantabria».
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