PSOE y PRC quieren aprobar presupuesto de Torrelavega para 2019 antes elecciones

En un encuentro con periodistas, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha confirmado esta intención y también la celebración de «contactos» con algunos grupos a fin de analizar sus posibles peticiones de cara a un acuerdo, contactos que son previos a encuentros formales para intentar formalizar el consenso, según informa EFE.

Según ha explicado, aunque es posible continuar hasta final de legislatura -queda menos de mes y medio- con un presupuesto, «para Torrelavega sería bueno» aprobar un nuevo documento económico con el fin de habilitar las partidas necesarias para ejecutar las inversiones previstas.

No obstante, el concejal ha reconocido que no tiene «una preocupación especial» por alcanzar el acuerdo aunque ha insistido en que sería bueno para el municipio aprobar ahora el presupuesto para que la próxima Corporación tenga el trabajo hecho y las inversiones no sufran retrasos.

El último presupuesto municipal, el de 2018, se aprobó a finales del agosto del pasado año con cerca de ocho meses de retraso, y ascendió a 51,6 millones, de los cuales 4,2 se destinaban a inversiones reales, gracias a los votos conjuntos del equipo de gobierno PSOE-PRC y de Torrelavega Sí.

Estas cuentas recibieron el voto favorable de 12 de los concejales de la Corporación, mientras que los 10 ediles de PP, ACPT y Torrelavega Puede las rechazaron por, según dijeron, eran «un copia pega» de los de 2017 y también «poco creíbles» en sus compromisos inversores.

Por otra parte, Pérez Noriega ha anunciado que el Ayuntamiento alegará «en defensa de los intereses municipales» contra la nueva reclamación económica presentada por la empresa Siec, concesionaria del aparcamiento subterráneo de la plaza de La Llama, que demanda una indemnización de cerca de dos millones de euros.

Esta reclamación se corresponde a los perjuicios económicos sufridos por su cifra de negociación durante los años 2014, 2015 y 2016, como consecuencia de la política municipal de construcción de aparcamientos disuasorios gratuitos en la ciudad.

La petición de la empresa se basa en los contenidos del pliego de condiciones suscrito en 2003 cuando asumió la gestión del parking y también en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenó al Ayuntamiento al pago de 400.000 euros por los perjuicios económicos sufridos con anterioridad a 2014.

Pérez Noriega ha señalado que el hecho de que se haya perdido un contencioso «no quiere decir que se pierdan todos» y ha defendido la existencia de un informe de los técnicos municipales que contradicen los datos de posible perjuicio económico aducidos por la empresa, informe que serviría el rechazo de la reclamación.