El Colegio de Arquitectos recurre la licitación del Palacio municipal de Torrelavega y pide su anulación

Noticia clave que podría echar al traste los últimos avances encaminados a elaborar un proyecto de restauración para el Palacio municipal, un proyecto que aspira a captar hasta 5,2 millones de euros en fondos europeos del programa Feder. El Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (Coacan) ha presentado un recurso en materia de contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCRC) contra este procedimiento, una convocatoria que, según señala su escrito, «es contraria a derecho» y para la que solicita la anulación, forzando la convocatoria de un nuevo concurso acorde a lo que, según argumentan, exigiría la normativa.

Esto es, tecnicismos al margen, lo fundamental del asunto: según Coacan, el proceso convocado por el Ayuntamiento de Torrelavega para redactar la rehabilitación del edificio civil más importante de la ciudad no se corresponde o no está a la altura –técnica, se entiende– de la envergadura de esta misión. Por eso solicitan su reanudación en forma de otra convocatoria que incluya, ahora sí, un concurso de ideas con jurado, o subsidiariamente, criterios de valoración acordes no ya «con la complejidad y especialidad del objeto de contratación», sino con la propia Ley de Calidad de la Arquitectura. En el Ayuntamiento, mientras, PRC y PSOE respaldan la tramitación y los cauces elegidos para la licitación, que seguirán adelante a la espera del fallo. «Los servicios técnicos y jurídicos lo han analizado y no han encontrado nada que corregir», asegura el edil de Obras y alcalde en funciones, José Luis Urraca.

Por entrar en detalle. El Colegio de Arquitectos se apoya en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) para cargar contra este procedimiento abierto, una licitación que según este escrito reúne criterios de adjudicación contrarios a esta normativa y plazos de ejecución de «imposible cumplimiento», afectando así al «principio de transparencia que exige la normativa de contratación». Además, y siempre según el recurso de Coacan, la tramitación de estos trabajos a través de un procedimiento abierto, sin llevarse a cabo ningún concurso de proyectos o ideas, «se aparta», dice, del procedimiento de contratación legalmente previsto para este tipo de obras, «incumpliendo la Ley de Calidad de la Arquitectura».

Tratándose el Palacio de un inmueble de especial importancia, protegido como está en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) –recuerda Coacan que la modificación puntual del PGOU será «imprescindible» para acometer la obra– y siendo este un proyecto de «notable complejidad» que debería estar encaminado a la obtención de «prestaciones de gran calidad» –no solo la obtención de la oferta con la mejor relación calidad técnica–, la búsqueda de un proyectista debió efectuarse mediante un procedimiento más reposado y que contara con un concurso de ideas.

El que fue convocado a finales de 2024, de hecho, pecaría de una excesiva ambigüedad. «Ni el pliego de cláusulas administrativas ni el de prescripciones técnicas contienen una definición precisa del programa de necesidades que permita la presentación de propuestas técnicas con el suficiente conocimiento».

Coacan echa en falta más información, más tiempo -habla de plazos imposibles, teniendo en cuenta toda la documentación-, pero además también un concurso público con criterios de valoración más justos y ecuánimes, acusando al Consistorio de introducir, «injustificadamente, un elemento de discriminación de los licitadores al premiar a aquellos que ya hayan contratado con la administración respecto de actuaciones que hayan podido ser objeto de subvención». Los criterios para elegir al proyectista se refieren, en su mayor parte, «no al objeto de la prestación -proyecto a elaborar-, sino a las características subjetivas del contratista», incurriendo así en «una suerte de círculo vicioso en la que la administración únicamente seleccionará a empresas con las que previamente haya contratado».

Todas estas presuntas carencias en el proceso y el riesgo en el que caen ahora las aspiraciones de captar fondos europeos las daba a conocer hace unas horas el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torrelavega, Roberto García Corona, preocupado por las «graves irregularidades» detectadas en la licitación. «El alcalde está ignorando deliberadamente la obligación de licitar mediante un Concurso de Proyectos, como establece la Ley de Contratos del Sector Público, optando en su lugar por un procedimiento de contratación ordinario, abierto y cerrado en un plazo de quince días, que le otorga un margen de discrecionalidad inaceptable, comprometiendo gravemente la transparencia de la contratación». Siendo así, Vox avanza que solicitará una «convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para exigir explicaciones al alcalde». A su juicio, es «inadmisible» que se esté llevando a cabo la rehabilitación del edificio «incumpliendo el procedimiento legal establecido para este tipo de actuaciones».

Vox fue uno de los partidos que, el pasado lunes y junto al PP, votó en contra de las aspiraciones del Ayuntamiento de Torrelavega para captar financiación europea, concretamente 5,2 millones de fondos Feder que supondrían -de lograrse- el 60% del dinero que puede llegar a costar la restauración del Palacio. Unos días después, la formación dirigida por Roberto García Corona exige explicaciones sobre la elaboración de un pliego de condiciones que, dice, «no contiene una definición precisa del programa de necesidades, afectando con ello el principio de transparencia impidiendo así a los licitadores conocer las condiciones para participar en la contratación». Zanja: «No permitiremos que el patrimonio de nuestra ciudad se vea afectado por otra sospechosa gestión desde alcaldía».

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