La Sareb firma en Sierrapando contratos de alquiler con seis familias y desalojará a doce

Según la entidad bancaria, que depende en un 50% del Estado, las seis familias con las que ha firmado un contrato de alquiler social han colaborado con ella y han acreditado estar en situación de vulnerabilidad, después de haber actuado «en coordinación» con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, pero la concejala del área lo niega.

Según Laura Romano, el departamento que dirige ha emitido dos informes de vulnerabilidad, el primero en 2021 y el segundo el año pasado, a requerimiento judicial. El primero resultó ser favorable para la mayor parte de las familias y el segundo no, por lo que se reactivó la orden de desahucio en los juzgados, que después se paralizó a petición de la Sareb. «No hemos enviado informes ni al banco ni a la empresa que está haciendo de mediadora. Quizá lo haya hecho la Dirección General de Vivienda, que sabemos que visitó los domicilios», afirma la edil.

Además de regularizar la situación habitacional de las referidas seis familias, la Sareb las incluirá en un programa de acompañamiento social puesto en marcha por la propia entidad, con el fin de «mejorar su situación económica y laboral, y que ello las permita salir de su estado de vulnerabilidad».

De forma paralela, seguirá adelante con el proceso de ejecución hipotecaria que inició en los juzgados en 2015, hasta que culmine con el desalojo de las personas que ocupan irregularmente otras 12 viviendas del mismo edificio, que tiene en total 30 pisos. Según el banco, en este caso, tras un estudio realizado por la compañía, se ha determinado que no existe vulnerabilidad o hay «situaciones de conflictividad» con el resto de los vecinos.

Así figura en un escrito remitido por la entidad bancaria al alcalde, Javier López Estrada, con el que viene manteniendo contactos para resolver el conflicto. El regidor insistió en la última sesión plenaria de la Corporación, celebrada el pasado martes, en que tienen que ser capaces de discernir entre las familias vulnerables y las que provocan graves problemas de convivencia para que estas sean «desalojadas».

En el mismo Pleno, la comunidad gitana, a la que pertenecen las familias afectadas, volvió a protestar. Su portavoz, Ricardo Hernández, denunció la incapacidad de los políticos para acabar con la campaña de «difamaciones y amenazas» que dicen estar sufriendo. Hernández centró sus críticas en el concejal de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, al que acusó de actuar guiado por el odio y el racismo. Según el edil, tras la firma de los contratos de alquiler, el mensaje que está lanzando el equipo de gobierno (PRC-PSOE) es «ven a Torrelavega y okupa». Ricciardiello afirma que los informes de vulnerabilidad del Ayuntamiento son negativos, por lo que «no se justifica la concesión de un alquiler social».