La Sareb pide al juez que suspenda el desahucio de los okupas de Sierrapando

A la vista del elevado número de viviendas que se tenían que entregar a la Sareb y en previsión de posibles incidentes, el magistrado había ordenado también que la Policía Nacional estuviese presente en el inicio de los lanzamientos. El juez acordó el pasado 7 de noviembre el levantamiento de la suspensión del desalojo por considerar que los afectados no están en situación de vulnerabilidad. El inmueble, de nueva construcción, tiene okupas desde que estalló la burbuja inmobiliaria, hace más de una década, y la comunidad de propietarios viene denunciando que los problemas de convivencia son «muy graves».

«Queremos exponer a la opinión pública y a los políticos lo irracional de priorizar los intereses de personas o clanes no vulnerables, según han acreditado los propios Servicios Sociales en sede judicial, frente a los propietarios legítimos de los pisos», afirma el administrador y abogado de la comunidad, Efrén Tejerina. «Me permito indicarles que quienes sostienen con sus impuestos la deficitaria gestión de la Sareb son los propietarios que ahora ustedes quieren dejar a merced de familias con las que es imposible convivir», señala Tejerina en uno de los escritos que ha remitido a la entidad bancaria, a la vez que ha advertido que están dispuestos a agotar las vías legales para «recuperar la pacífica convivencia en el edificio».

Los desahucios forman parte del procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por la propia Sareb en 2015. El juez dictó un auto hace dos años declarando que trece familias no tienen «título suficiente» para permanecer en el derecho de uso y disfrute de las viviendas que están okupando, acordando posteriormente el apercibimiento de lanzamiento si no se procedía al desalojo voluntario de los pisos. Los afectados solicitaron la suspensión del lanzamiento por considerar que estaban amparados por la legislación de protección de deudores vulnerables. Mediante otro auto, fechado en abril de 2021, el magistrado ordenó la suspensión del lanzamiento para las trece familias.

El pasado mes de febrero, la comunidad de propietarios pidió que se revisasen las declaraciones de vulnerabilidad. Un mes después, la Sareb solicitó que se acordara el lanzamiento y la toma de posesión de los bienes inmuebles, y se dio traslado de estas peticiones al departamento municipal de Servicios Sociales. El juez recordó que para que se pueda aplicar la suspensión del lanzamiento es necesario que las personas que habitan las viviendas sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Además, para que opere la suspensión, se requiere que los afectados sean personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o tengan a su cargo, en la misma vivienda, personas dependientes o menores de edad.

En este caso, el magistrado entiende que once de las trece familias «no son vulnerables, a la vista de los informes de Servicios Sociales». Además, ordena que se reanude automáticamente el proceso de desalojo y que las administraciones públicas competentes adopten las medidas indicadas en los informes de Servicios Sociales u otras que consideren adecuadas, para «satisfacer la necesidad habitacional de las personas en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna».