La Sareb pone a la venta los 42 pisos que no le compró el Ayuntamiento en Ganzo

El Consistorio puso como condición que la Sareb solucionase el viejo problema de okupas que sufre otro edificio de su propiedad, el número 9 de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo, en el barrio de La Inmobiliaria, pero ante la pasividad de la entidad bancaria, conocida popularmente como 'Banco malo', optó por buscar él mismo la salida: está tapiando las puertas y ventanas de las 12 viviendas afectadas.

Concretamente, la Sareb ha puesto a la venta los 42 pisos que le quedan en Ganzo a través de Altamira, la mayor plataforma inmobiliaria del sur de Europa. El precio de los mismos va desde los 80.500 euros que vale el más pequeño (71,6 metros cuadrados, dos habitaciones) hasta los 127.500 que pide por el más grande (ático de 116,1 metros cuadrados y tres habitaciones). Se trata de bloques de viviendas, garajes y trasteros que están situados en la calle Tres de Abril, entre los números 1 y 6.

Fue el propio presidente regional, Miguel Ángel Revilla, el que anunció en un acto público celebrado en febrero de 2019, poco antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales, que su Ejecutivo estaba negociado con la entidad bancaria la adquisición de al menos la mitad de las viviendas de la urbanización, con el fin de destinarlas a alquiler social. Al mes siguiente el Ayuntamiento comunicó que iba a conceder licencia de primera ocupación a los 78 pisos tras diversos avatares: la empresa promotora quebró, la urbanización quedó abandonada y, finalmente, el Consistorio logró reconducir la situación a través de la Sareb.

En enero de 2020 se confirmaron los contactos entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento y la entidad bancaria, y hace seis meses, en diciembre, el Ejecutivo regional anunció que había llegado a un acuerdo con la Sareb para adquirir 36 viviendas de la referida urbanización, que empezó a construirse en 2007. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que incorporó los inmuebles al parque público regional, todavía no ha concretado cuál será su uso. Su titular, Ana Belén Álvarez, dijo entonces que lo previsible es que esos pisos sirvan para incrementar la oferta de alquiler social, una de las políticas que trata de impulsar su departamento para facilitar la emancipación de los jóvenes.

El Consejo de Gobierno aprobó la operación, que supuso una inversión de 3,3 millones, ya que el precio medio de la vivienda se situó en torno a los 92.000 euros. No obstante, el desembolso para la Administración autonómica terminó siendo inferior, dado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana colaboró con la aportación de un millón de euros. La directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego, señaló que la negociación había sido «ardua» y que estuvo a punto de romperse. Gómez de Diego reconoció que el Ayuntamiento venía insistiendo en la necesidad de buscar una salida para esas viviendas vacías.

Desde el inicio de la obra, la urbanización ha pasado por diferentes vicisitudes. Primero, la quiebra de la constructora y su paso a propiedad de Liberbank, que se deshizo de los inmuebles durante el proceso de reestructuración bancaria que dio lugar al 'Banco malo'. En 2014, el Consistorio exigió a la Sareb que llevara a cabo la reparación de una serie de deficiencias referentes a los contadores de agua, los garajes, la fontanería o los viales internos para poder conseguir la licencia de primera ocupación. La institución hizo caso omiso durante tres años y el Ayuntamiento amenazó incluso con el derribo de la promoción, para enfado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que organizó una protesta frente al edificio. Finalmente, en 2016 se subsanaron esas deficiencias y se acondicionaron de nuevo los pisos, que habían sido víctimas de actos vandálicos.