La sentencia de El Valle obliga a blindar los terrenos del futuro Conservatorio

Desde que los terrenos le fueron cedidos por el Ayuntamiento de Torrelavega, en primavera, la Consejería de Educación y FP del Gobierno de Cantabria viene dejando muy claro que no quiere dar pasos en falso y meterse en problemas legales por construir un Conservatorio de 20 millones de euros en unos terrenos que mientras tanto se juegan el tipo en los tribunales de justicia. El departamento de Marina Lombó mantiene sus planes y avanza en la tramitación administrativa para encargar la redacción del proyecto, pero no pierde de vista el horizonte judicial que encara el Consistorio y, sobre todo, el devenir legal de un Plan Parcial que -demanda de la constructora Gruconort mediante- fue calificado como «ineficaz» por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santander hace apenas cuatro meses. El Ayuntamiento ya recurrió la sentencia y la serie del plan urbanístico más importante de la ciudad sigue sumando capítulos -y temporadas, ya van 19 años-, pero la Consejería es muy escrupulosa y no está dispuesta a fiar la seguridad jurídica de sus planes a estas resoluciones, que van camino del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Para cubrirse las espaldas, el convenio de traspaso firmado por las dos administraciones incluirá una adenda. En ella figura una condición básica: un seguro en forma cláusula llamado a reflejar la situación legal que atraviesan estas fincas propiedad del Consistorio y, sobre todo, evitar que estas cambien de manos pase lo que pase. Hasta en el peor de los escenarios -pongamos, que el TSJC falle a favor de Gruconort y el procedimiento se reinicie desde cero-, el Ayuntamiento se compromete a echar mano de las herramientas que haga falta, expropiación incluida, para seguir en posesión del terreno y encauzar la aprobación definitiva de un Polígono 2 que, desde la rotonda del Puente de Piedra hasta la glorieta de Los Rotarios, reserva cerca de 36.000 metros cuadrados residenciales, 32.000 en dotaciones educativas, 1.000 sociales y 5.000 de zonas verdes.

La maniobra 'in extremis' que verbaliza el acuerdo no atañe sólo al Gobierno sino a la apuesta de crecimiento más ambiciosa de Torrelavega. Porque, Conservatorio al margen, el plan contempla 980 viviendas entre Sierrapando y Tanos desde 2003.

Generar un marco de oportunidades de ese calibre viene siendo un dolor de cabeza para todas las empresas y concejales de Urbanismo que desde entonces han intentado darle una salida a la iniciativa. El estallido de la burbuja inmobiliaria y los sucesivos problemas de las partes a raíz de la depresión económica han convertido uno de los proyectos más ilusionantes de Torrelavega en una maraña de juicios, recursos y, como volvió a pasar a finales de junio, paralizaciones.

La última sombra que ha opacado las expectativas del Plan Parcial tiene que ver con los errores de forma que, como señaló la magistrada del Contencioso Administrativo de Santander, Ana Rosa Araujo, cometió el Consistorio a la hora de publicar la documentación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). «Falta de publicidad e ineficacia», concluyó la sentencia, antes de evidenciar la ausencia de plazos de ejecución, planos o evaluación de costes -entre otros papeles de difusión obligada- y dar la razón a una Gruconort que, como ya trasladó tras aquel fallo a preguntas de El Diario Montañés, exige «voluntad» para sacar el plan adelante. «En dos décadas no hemos sido capaces de poner un ladrillo», lamentaban desde la compañía.

La sentencia, que no es firme y sitúa el próximo escenario en el recurso del municipio, fue firmada por la jueza ocho días después de que el Pleno articulara la cesión de los terrenos del Conservatorio. Ajenas a lo que sucedería, las palabras de algunos responsables corren el riesgo de no envejecer bien. «Será una realidad en dos o tres años» o «los tramites han sido laboriosos, pero el entorno es ideal» fueron algunas de las frases que dejaron los ediles José Manuel Cruz Viadero y Pedro Pérez Noriega, satisfechos pese a la «eternización» y los «retrasos» que, al otro lado, denunció la oposición.

Esa no es la primera vez ni la última que sus señorías debatirán sobre el tema. Si lo comprometido en la adenda se pone de manifiesto, el horizonte judicial sigue nublándose y el Ayuntamiento se ve obligado a expropiar las fincas, el equipo de gobierno tendrá que proponer ese movimiento a la votación de todos los grupos políticos en un nuevo Pleno municipal.

Entre tanto, y de forma paralela, la Consejería de Educación sigue actuando en el marco de sus competencias para acelerar los trámites del Conservatorio. La Mesa de Contratación adjudicará el contrato de la redacción del proyecto básico, de ejecución y la dirección de obra «próximamente» y por un importe de 1,1 millones de euros, como avanzaron a este periódico.

El compromiso asumido a través de esta adenda entraba dentro de los planes del Ayuntamiento, heredero de un conflicto enquistado desde 2003 y empeñado en que las resoluciones judiciales, sean cuales sean, no comprometan la viabilidad de uno de los grandes proyectos de la próxima legislatura. Como alcalde de Torrelavega y también como responsable de Urbanismo, Javier López Estrada encara el horizonte judicial de este proceso con la tranquilidad de que no afectarán al Conservatorio. «Haremos lo que haga falta para que las instalaciones se realicen sin problemas», avanza, antes de asegurar que ni la expropiación ni ninguna de las herramientas llamadas a conservar la titularidad de los terrenos acarreará un coste de más. Con todo, el regidor confía en que la Justicia reconozca que la «ineficacia» señalada se produjo en 2007 y en base a la jurisprudencia que entonces regía estos trámites, que era la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

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