El CAD de Sierrallana vulneró el derecho a la salud de su plantilla

La Sala considera demostrado que, ni antes de iniciarse la pandemia ni después de aparecer los primeros casos de contagio, la Administración demandada no dotó a los trabajadores de los medios precisos para afrontar protegidos la enfermedad. Como consecuencia de ello, en el centro asistencial se contagiaron durante la primera ola 54 de los 130 trabajadores y 64 de los 75 usuarios. A pesar de que no olvida las circunstancias absolutamente excepcionales, desconocidas «desde hace muchas décadas» y que esa excepcionalidad se ha manifestado a escala mundial y puede haber ocasionado serias dificultades de abastecimiento de medios de protección en los mercados internacionales, el TSJC insiste en que la Administración no protegió adecuadamente a los trabajadores del CAD de Sierrallana. «No se les facilitaron los medios de protección necesarios y, como consecuencia, se puso en peligro su integridad física y su salud, lo cual supuso un serio riesgo para los derechos fundamentales que les reconoce la Constitución, lo que nos lleva a la desestimación íntegra del recurso y a su confirmación por sus sólidos argumentos», señala la sentencia.

Respecto a la omisión de medidas preventivas ante el primer caso sospechoso, aparecido el 6 de marzo, el fallo tampoco deja lugar a la duda: «A la vista de la prueba practicada es claro que la trabajadora era sospechosa de haber sido contagiada y, por consiguiente, debieron tomarse las primeras medidas de protección, en particular proporcionar mascarillas y pantallas faciales a los trabajadores en esos primeros momentos de extensión de la enfermedad por el centro».

La sentencia también hace referencia al incumplimiento de las disposiciones sobre clasificación y aislamiento de los residentes. La Administración considera que cumplió las condiciones establecidas en marzo, aislando a cada residente que presentaba síntomas. Sin embargo, se ha demostrado que «incumplió la norma al constituir únicamente tres módulos, dejando fuera el apartado relativo a los residentes con síntomas compatibles con el covid-19, grupo de especial relevancia por su capacidad de eventual contagio a otros residentes y trabajadores».

Finalmente, respecto a la habilitación de lugares para la colocación de los equipos de protección individual (EPI), también consta acreditado el cumplimiento tardío del protocolo, ya que «no fue hasta el 23 de marzo cuando los trabajadores dispusieron de un lugar habilitado para ello». «De modo que, respecto a los EPI y demás residuos se incumplió de forma general la norma de que dichos contenedores debían ubicarse en cada habitación o en lugar habilitado para ello, y se situaron en los pasillos, zona de tránsito común de los trabajadores», explica la sentencia.