Siete empresas pujan por poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega

Siete empresas han presentado oferta para poner en marcha la controvertida Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega (ZBE), espacio del centro urbano por el que no podrán circular los vehículos más contaminantes. El Ayuntamiento sacó a licitación la implantación de la misma el pasado mes de septiembre, contando con un presupuesto de 744.721 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La Mesa de Contratación del Consistorio acordó en su última reunión, por unanimidad, dar por válidas las propuestas presentadas por Tradesegur, INV Sistemas y Soluciones de Seguridad, Eurocop Security Systems, T-Systems ITC Iberia, Adtel Sistemas de Comunicación, Estacionamiento y Servicios, y Tecnologías Viales Aplicables TEVA. Ahora serán los técnicos municipales los encargados de valorarlas.

Después de muchos meses de espera y división de opiniones, hace dos meses se conocieron los límites la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega. El espacio reservado para que circulen los vehículos menos contaminantes será el comprendido entre las céntricas calles José María Pereda, Julián Ceballos, Julián Urbina y La Llama, que quedan excluidas de la medida. Según el equipo de gobierno (PRC-PSOE), se trata de la ZBE «mínima» para poder cumplir lo establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Movilidad, acuerdo en el que estuvieron presentes representantes de la Cámara de Comercio y de la Mesa de Movilidad. No se alcanzó el consenso político porque dos grupos de la oposición, PP y Vox, votaron en contra. El pleno de la Corporación dará en breve su visto bueno a la medida, que pasará a aplicarse a modo de prueba, con un seguimiento y análisis técnico posterior. La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, ha recordado que todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes están obligados a implantar la ZBE y ha destacado que la propuesta que defiende es una delimitación de «consenso máximo», tras las reuniones mantenidas con empresarios, grupos políticos y diversos colectivos.

Sin embargo, parte del comercio ha formado una plantaforma ciudadana frente a la «ruinosa» ZBE. Considera que la capital del Besaya debiera quedar eximida de acatar la medida o al menos poder reducirla al máximo.

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