Sniace demanda al Ayuntamiento por impago del alquiler del complejo deportivo y pide el desahucio

La empresa señala que es propietaria tanto del complejo deportivo como de las antiguas escuelas y que firmó en 1999 un contrato de arrendamiento con la entonces alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, para destinar las instalaciones a uso deportivo y social. El plazo de vigencia del convenio se fijó en 12 años, por lo que expiró en 2011, concretamente el 20 de abril. El contrato se ha ido prorrogando desde entonces ante la falta de denuncia por las partes.

Coincidiendo con la finalización del convenio, Sniace notificó al Ayuntamiento el vencimiento del mismo, solicitando la puesta a disposición de la empresa de las instalaciones deportivas y del edificio de las antiguas escuelas. Según indica la demanda, el Consistorio hizo caso omiso del requerimiento, obligando a Sniace a reiterar la solicitud al menos en tres ocasiones, no recibiendo «contestación alguna». Mientras tanto, el Ayuntamiento ha seguido utilizando las referidas instalaciones «sin atender contraprestación alguna».

Después de cinco años de «absoluto silencio», el Consistorio dio señales de vía y preguntó a la empresa por las cantidades que reclama, a lo que ésta respondió desglosando los «daños y perjuicios» que le habían sido ocasionados (877.000 euros). Finalmente, el Ayuntamiento reconoció una deuda de 531.000 euros por los seis años de disfrute de las instalaciones desde que finalizó el convenio, que se daba por prorrogado. «Lo sorprendente de dicha resolución -explica Sniace- es que, si bien reconoce mi pretensión de que desaloje el complejo que viene utilizando a pesar de que el contrato expiró hace más de seis años, me invita a que interponga la presente demanda para darle efecto al desahucio».

En una resolución posterior, el Consistorio calculaba los intereses devengados y los declaraba compensados junto con el principal por las deudas concursales. En concreto, acordó compensar la cantidad principal más los intereses (599.000 euros) y, por tanto, daba por pagado el alquiler de las instalaciones «hasta el 20 de abril de 2017». Sniace dice que, superada esta fecha, el Consistorio sigue ocupando las instalaciones a la espera de que «se ejercite la facultad jurídica de desahucio que corresponde al arrendador».

Además, dice que es irrefutable que la paciencia de los responsables de la empresa ha llegado a «límites increíbles», por lo que, pese a las cordiales relaciones que ambas partes siguen manteniendo «a título institucional», se ve obligada a instar la demanda de desahucio y reclamación de rentas que se devenguen, al menos proporcionalmente, hasta la puesta a disposición de las instalaciones por parte del Ayuntamiento.

Por todo lo expuesto, Sniace pide al juez que declare terminado el contrato de arrendamiento y condene al Consistorio a dejar las instalaciones a disposición de la demandante, bajo apercibimiento de lanzamiento. También solicita que se condene al Ayuntamiento al pago de 242,5 euros por día transcurrido desde el pasado 20 de abril (lo que sumaría 88.538 euros cuando se cumpla el año), más los correspondientes intereses, en concepto de indemnización por esta «privación ilegítima» de la posesión de la finca.