Solvay niega riesgo de contaminación en su isla salvo que se cambie su uso

Ecologistas en Acción presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por la «grave situación» del vertedero de residuos de la isla, situada en la ría de San Martín de la Arena y perteneciente a la localidad de Hinojedo (Suances). El organismo que preside Ángel Gabilondo respondió sugiriendo a la Consejería que «inicie y resuelva» el procedimiento de declaración de suelos contaminados, de acuerdo a lo establecido en la Ley. También la instó a que dicha declaración establezca las medidas necesarias para proceder a la descontaminación del terreno, con el fin de proceder a recuperarlo y situar la concentración de contaminantes en niveles de riesgo «aceptables» para la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta el uso del suelo en el momento de producirse los vertidos.

El Defensor del Pueblo recabó información de las administraciones públicas implicadas. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico señaló que en enero de 2016 la Dirección General del Agua autorizó la redacción del anteproyecto y el estudio de impacto ambiental para dar una solución alternativa a la depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa una orden judicial de derribo. Tras varios informes referidos a distintas ubicaciones para ejecutar el proyecto, se concluyó que la alternativa de la isla de Monti o del Solvay resultaba inviable por la contaminación del suelo.

Por su parte, la Consejería centró sus explicaciones al Defensor del Pueblo en el contenido de uno de los informes técnicos realizados para valorar si los terrenos de la isla eran adecuados para la instalación de la depuradora. Concretamente, el estudio realizado por la empresa Kepler, encargado por otra compañía, Saitec, contratada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

El denominado 'Informe Kepler' concluye que habría riesgos para la salud de las personas que trabajasen en la construcción de la depuradora y en el mantenimiento posterior de la misma, pero no para los vecinos del entorno de la isla. El estudio señala que mientras no haya actividad en esos terrenos, como ocurre actualmente, no hay riesgo para la salud ni para el medio ambiente.

Preguntada por este asunto, Solvay opina lo mismo. La empresa indica que los terrenos que posee en la isla fueron utilizados durante décadas como diques de almacenamiento de los efluentes de la fábrica, un uso que siempre hizo «con total respeto a la Ley vigente en cada momento» y que está amparado por la Autorización Ambiental Integrada que cubre sus actividades industriales. También contó con el «pleno conocimiento» de las administraciones competentes, que han sido «puntualmente informadas en cada momento».

La compañía química afirma que realiza un «seguimiento permanente» de la estabilidad de los diques y que no ha detectado ninguna variación en los «testigos» localizados en la zona, lo que indica que «no hay riesgo de derrumbe». Solvay garantiza la «total seguridad» de la estructura de los diques, siempre que los terrenos afectados no pretendan ser utilizados para «otros usos que puedan poner en riesgo dicha seguridad».

La empresa hace hincapié en que los resultados del 'Informe Kepler' coincidieron con los de los suyos y que todos dejan claro que «no existe riesgo de afectación exterior en la zona de los diques». Lo que sí podría causar daño sería intervenir en el terreno con la intención de «darle otro uso distinto al que tiene en la actualidad». Solvay recuerda que ahora los diques no tienen actividad y, por consiguiente, es la situación más idónea para «garantizar la ausencia de efectos negativos en la salud y el medio ambiente».

Ecologistas en Acción no opina lo mismo. El colectivo considera que tanto la Consejería como la compañía química deben asumir sus responsabilidades dentro del marco legislativo y jurídico vigente, sobre todo después de la «contundente llamada» del Defensor del Pueblo. A su juicio, es inadmisible que los residuos tóxicos permanezcan almacenados en una isla de la ría de San Martín de la Arena, como «herencia envenenada» para las futuras generaciones y provocando un progresivo deterioro del entorno, víctima de una contaminación «histórica».

La asociación ecologista presentó su queja ante el organismo que preside Ángel Gabilondo hace un año, como consecuencia de la «negativa» del Gobierno de Cantabria a declarar la isla de Monte o de Solvay como suelo contaminado y proceder a su limpieza. El colectivo asegura haber realizado «repetidas denuncias» ante las consejerías competentes y que las mismas se han saldado siempre con «negativas».