Suspendido el desahucio de la sede de una asociación cannábica en Campuzano

Un juzgado de Torrelavega suspendió este miércoles el lanzamiento por impago del alquiler con opción a compra de una finca de Campuzano, en la que se ubicaba el bar Bolera, tras constatar los agentes judiciales la presencia en su interior de varios inquilinos. Las instalaciones son sede de la Asociación Cannábica de Ayuda Terapéutica Bolera-Besaya y su presidente, Iván Palazuelos, quiso entregar las llaves al abogado de la propietaria, pero este las rechazó con el fin de evitar cualquier responsabilidad mientras la finca no esté libre de cargas.

Al acto de desahucio, fijado para las 10.00 horas, acudieron más de una veintena de socios de Bolera-Besaya, que mostraron su rechazo a la orden judicial, con la que se pretende dar cumplimiento a una sentencia de la Audiencia Provincial, fechada hace un año. Hubo momentos de tensión, pero estos no pasaron de enfrentamientos verbales entre representantes de las dos partes, por lo que al final no fue necesaria la presencia de la Policía. Mientras los agentes judiciales levantaban acta de lo que sucedía, Iván Palazuelos mostró diversa documentación y dijo que esta acredita que sí ha pagado el contrato de las instalaciones y todo obedece a una «maniobra» de la propiedad para venderla en más de un millón de euros.

El juez estimó en 2022 la demanda interpuesta por la propietaria y su hija contra Palazuelos, decretando el desahucio de la finca por impago y, en consecuencia, le condenó a dejar la misma «libre, vacua y expedita» a disposición de las denunciantes, apercibiéndole del lanzamiento si no lo hacía. Al año siguiente, la Audiencia Provincial desestimó íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el presidente de Bolera-Besaya, confirmando la sentencia anterior.

La representación legal de la propiedad se negó a realizar valoraciones a El Diario Montañés, remitiéndose al contenido de los fallos judiciales. Sí quiso hacerlas Palazuelos, que confirmó la presencia de la asociación en la finca desde 2013 y destacó la ayuda terapéutica que presta gratuitamente a «80 personas».

«Aquí hemos pasado de todo –explica–, desde la presión policial cuando abrimos a robos y un incendio. El propietario se murió y la viuda me ofreció la posibilidad de comprar el local, así que firmé un contrato de compraventa de 740.000 euros. Después se hizo un peritaje y le tasaron en 1,1 millones. A partir de ahí, ella quiso romper el contrato y yo me negué». Según Palazuelos, la propietaria ha actuado «de mala fe» y trata de echarlos a pesar de que «hemos pagado».

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