Los técnicos advierten de daños en la estructura del edificio que fue okupado en La Inmobiliaria

El estudio, elaborado por la empresa A-Gatein Ingeniería, tiene como objetivo conocer el estado del edificio, tras pasar a propiedad municipal hace varios años. El inmueble, situado en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo, tiene seis plantas, todas de uso residencial, más una bajocubierta sin uso específico. En total, doce pisos, dos por planta.

El estado de conservación de la estructura ya fue catalogado como desfavorable en el informe de evaluación realizado en 2021, dado que no contaba con las condiciones mínimas de habitabilidad, tanto por razones de salubridad como de seguridad con respecto a las instalaciones. Además, en la planta bajocubierta se apreciaron numerosas deficiencias, gran parte relacionadas con la caída de parte del tejado.

Con el fin de poder evaluar el alcance de los desperfectos y las condiciones en las que se encuentra la estructura, los técnicos recopilaron información sobre la historia constructiva del edificio y realizaron visitas al mismo. También llevaron a cabo comprobaciones sobre los materiales y espesores de los muros de carga, y analizaron la repercusión de los daños detectados y su posible evolución.

A-Gatein Ingeniería concluye que no es necesario ningún estudio o actuación sobre la cimentación, ya que no existen patologías asociadas. Con carácter general, considera que el edificio no supone actualmente un riesgo inminente para los ciudadanos y los inmuebles adyacentes. No advierte daños importantes en los elementos que componen los muros de carga, ni tampoco en el conjunto estructural, por lo que entiende que el estado actual de la edificación es «válido».

No obstante, de cara a su mejora para el nuevo uso, propone la realización de una serie de reparaciones o refuerzos de la estructura portante para dotar al sistema de «la protección y seguridad necesarias para su puesta en servicio». De los cálculos realizados, concluye que el muro de carga central no ofrece las debidas garantías en sus «parámetros portantes» por debajo de la planta primera, por lo que «será preciso su refuerzo tanto en la planta baja como en el plano inferior hasta la cimentación».

Igualmente, el informe indica que los forjados del techo de la planta quinta y el de la cubierta se encuentran parcialmente demolidos, por lo que «deber ser rehechos en su totalidad». En este sentido, debe tenerse en cuenta que los muros de carga en la planta bajocubierta presentan un estado «deficiente», tanto de conservación como de características constructivas, así que «no se pueden considerar como válidos directamente para el apoyo de la cubierta en ellos».

Como solución a estos problemas, los técnicos proponen ejecutar un «pórtico de refuerzo intermedio» de lado a lado del edificio, salvo en el descansillo de las escaleras, desde los cimientos hasta el forjado del techo de la planta baja. También plantean llevar a cabo un nuevo forjado en el techo de la quinta planta, que «puede resolverse sobre los muros de carga existentes». Finalmente, aconsejan habilitar un nuevo forjado de cubierta que «transmita en la vertical de los muros de carga existentes, que en el bajocubierta requerirán una reparación».

El Ayuntamiento cedió recientemente el inmueble al Gobierno regional para que este se haga cargo de la reparación y posterior gestión del mismo a través de la empresa pública Gesvicán. El proyecto tiene como meta paliar el grave problema de acceso a la vivienda que tienen muchos ciudadanos en Torrelavega.

El Consistorio compró los maltrechos 12 pisos hace dos años, en 280.000 euros, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). La edificación fue clausurada por seguridad en diciembre de 2021. El portal se cerró con una puerta blindada y muchas puertas y ventanas de los pisos fueron tapiadas. Tras el incendio ocurrido en una de las viviendas unos días antes, el Consistorio decidió el desalojo del inmueble dada su situación de «deterioro y peligrosidad».