Torrelavega acelera la creación de la Zona de Bajas Emisiones pendiente de la Justicia

Si han pasado por algunas de estas vías puede que hayan tenido que esquivar ya estos últimos avances. De momento son simples dados de hormigón, pero dentro de unos meses serán los ojos y el guardián de esta restricción europea. Estas cimentaciones suponen el primer gran paso a pie de calle del Ayuntamiento de Torrelavega para levantar ese sistema de vigilancia de 737.199 euros y adjudicado a la empresa Eysa, similar al que, en el marco de esta iniciativa aunque tramitado a parte, vigilará también el acceso a varias vías peatonales -las calles Carrera, Ancha, Santander, La Paz, Pablo Garnica, Mártires, Serafín Escalante, Martínez y Ramón y Consolación-.

El Ayuntamiento de Torrelavega empieza a levantar así el perímetro de vigilancia de la ZBE y sin que la apelación incoada por la plataforma Salvar Torrelavega y admitida a trámite por el TSJC el mes pasado marque la agenda municipal. La batalla judicial emprendida por esta asociación pone el foco precisamente en esa delimitación, cargando contra lo que considera una serie de «incumplimientos flagrantes» cometidos por el Consistorio a la hora de cursar sus avances y aprobarla. El colectivo, que lidera el empresario Ángel Herreros, habla de la «ausencia de un informe sobre el impacto socioeconómico» y otra treintena de «incumplimientos» del Real Decreto que rige la restricción. Al margen del debate técnico-jurídico, la duda ahora es de qué forma condicionará este litigio a la puesta en marcha de la primera ZBE cántabra.

De la ZBE y, sobre todo, esta ZBE en particular de 200.000 metros cuadrados, la delimitada en esas calles concretas. De prosperar este recurso y ser avaladas por los jueces estas supuestas «vulneraciones» de procedimiento, el Ayuntamiento podría verse obligado a rediseñar un nuevo perímetro. De momento es solo un augurio, pero el pronóstico ya ha pasado por la cabeza de algunos responsables municipales.

Es más, en el Ayuntamiento vaticinan que la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones podría sufrir cambios y, de hecho, terminar siendo más grande si el TSJC falla en su contra. Siendo así, y también dentro de ese supuesto, el Consistorio se hace fuerte en la idea de que la superficie acotada en estos momentos es la mínima que se pudo plantear en la ciudad de acuerdo a la normativa, en coherencia con lo dicho en todos estos meses. Que, si esta fuera menor, jamás se habrían cumplido los objetivos.

El diseño de la ZBE es, desde hace año y medio, un asunto que genera dudas y miedos en muchos vecinos y conductores. De hecho, la delimitación actual, la que recurre Salvar Torrelavega, es infinitamente más pequeña que la que presentó el Consistorio al principio del todo, a finales de 2022: para que se hagan a la idea, eran 596.826 metros cuadrados acotados en toda esa 'pera urbana' que se ubica entre el barrio de La Inmobiliaria y la Avenida de la Constitución, pasado el parque Manuel Barquín. La idea de restringir el acceso en todo el casco urbano de Torrelavega no duró mucho tiempo en la mesa del Ayuntamiento, que aprovechó las moratorias solicitadas por la Federación de Municipios para apagar fuegos, aparcar el debate y trabajar en una propuesta mucho más conservadora junto a la empresa Doymo.

Han pasado casi dos años desde entonces y la propuesta, aunque reducida, ha seguido generando polémica. A un lado, el Ayuntamiento, convencido de los beneficios de la medida en pos de una Torrelavega «mejor para vivir» y de una ZBE «laxa» y «de consenso» que no resultaría lesiva para la economía local; al otro, la plataforma Salvar Torrelavega, persuadida de lo contrario y de las posibilidades de poder implantar la restricción de forma casi anecdótica e incluso dentro de varios años -después de la obra del soterramiento, según dicen-. Ese carácter «ruinoso» de la ZBE rotula cientos de escaparates de la ciudad desde hace meses.

Mientras tanto, la admisión a trámite de este recurso arroja un escenario incierto en cualquiera de los casos. Ahora es difícil determinar cuál será el alcance del litigio, pero ya existen voces en el Ayuntamiento de Torrelavega que critican la insistencia de la plataforma en lo que consideran un afán claro por poner palos en las ruedas a la medida. En ese sentido, en plena resaca del recurso, el Consistorio lamentó dos cosas a finales del mes pasado: una, el «daño» que, desde ese colectivo, opinan, se está haciendo contra el comercio local; y, otra, el «gasto» que este litigio puede suponer para las arcas locales.