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La pandemia sigue dejando secuelas económicas en Torrelavega. La Corporación aprobará el próximo martes, en una sesión plenaria ordinaria, la solicitud de la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en autobús de anticipar una parte de la liquidación anual del contrato como consecuencia ... de la pérdida de ingresos que está sufriendo durante la crisis sanitaria. Transportes Urbanos de Cantabria, perteneciente al grupo Alsa, recibirá una media mensual de 30.231 euros por el servicio del Torrebús, que fue reducido y gratuito durante el estado de alarma.
En concreto, la empresa concesionaria realiza los servicios de transporte urbano, transporte escolar y retirada de vehículos de la vía pública (grúa). El pasado 23 de abril registró en el Ayuntamiento la solicitud de anticipo del dinero ante la situación excepcional que se está viviendo, como consecuencia de las medidas adoptadas por las administraciones públicas para la gestión de la pandemia.
Dada la incidencia que tienen estas medidas en el transporte urbano, la compañía pide que, hasta que se regularice la situación, el Ayuntamiento autorice el pago de facturas mensuales correspondientes a lo que sería una recaudación normal del servicio, evitando así daños en su tesorería. Los técnicos municipales han emitido informes favorables y la propuesta fue aprobada el viernes por unanimidad en la Comisión de Hacienda, según informó su titular, Pedro Pérez Noriega.
La Corporación aprobó hace un año, a propuesta de la Alcaldía y con el único voto en contra de ACPT, prorrogar el contrato de gestión del Torrebús por un periodo de cuatro años, atendiendo así la solicitud de la empresa adjudicataria. El servicio se puso en marcha el 1 de octubre de 2011, tras la firma de un contrato de ocho años con la UTE Transitia/Pavigom (1,5 millones al año), que luego cedió el convenio a la sociedad Transportes Urbanos de Cantabria.
Según lo dispuesto en el pliego de condiciones, el contrato, que finalizaba el pasado 1 de octubre, se puede prorrogar una o varias veces hasta un máximo de cuatro años, sin que la duración total del mismo pueda exceder los 12 años. Al final, el órgano competente, la Corporación reunida en sesión plenaria, dio el visto bueno a la moratoria a petición de la empresa adjudicataria y dado que los informes técnicos eran favorables y había acuerdo previo entre las partes.
El Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de la zona trabajan desde hace varios años en la comarcalización del servicio.
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