Torrelavega cambiará su normativa para cobrar las sanciones de la unidad canina

La unidad canina se presentó hace un año y Urko y Asgard, dos hermanos de pastor belga malinois, tienen pocos meses más. Sus guías, los agentes Pedro Cuadrado e Ismael Abascal, centran el aprendizaje de los canes en el objetivo principal del servicio: la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala, especialmente en los centros escolares y otras concentraciones de jóvenes (conciertos, botellones, partidos de fútbol...). Urko y Asgard también están siendo formados para hacer otra función más adelante, la de seguridad y defensa, una doble misión que pocos perros realizan en España.

Los canes, que se adaptan muy bien a la tarea policial, son de origen francés y sus padres trabajaron para la Gendarmería. Pedro Cuadrado e Ismael Abascal, que son sus propietarios, decidieron cogerlos de pequeños para adaptarlos a las necesidades del servicio en Torrelavega. Los agentes, que conviven con los perros en sus domicilios, firmaron un convenio de cesión con el Ayuntamiento para que este se hiciese cargo de los gastos.

«Estamos haciendo frente al menudeo de drogas en entornos concurridos para los jóvenes, trapicheos en centros educativos, botellones, conciertos... Los directores de los colegios o institutos también colaboran con nosotros y actuamos cuando tienen alguna sospecha o duda sobre algún comportamiento», explica el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega. «La unidad canina –añade– está realizando una buena labor en ese sentido. Los perros detectan las sustancias con rapidez y también intimidan a quien puede llevarlas».

Pérez Noriega dice que ha llegado el momento de financiar parte del coste del nuevo servicio: «Tener esas sustancias conlleva incumplir una norma de convivencia y estamos tratando de cambiar una de nuestras ordenanzas para poder sancionar, dado que ahora no tenemos esa competencia. Nos falta también llegar a un acuerdo con la Policía Nacional porque hay que seguir un protocolo para la gestión de las sustancias incautadas».

«Ahora –señala– se tramita todo a través de la Policía Nacional. Se entregan el acta y las sustancias, y la Delegación del Gobierno se encarga cobrar las sanciones (en 600 y 1.000 euros). Estamos trabajando para incorporar estas actuaciones a la normativa municipal, igual que se hizo con el consumo de alcohol en la vía pública». El edil afirma que el Ayuntamiento no actúa con afán recaudatorio, sino con el ánimo de «eliminar el trapicheo de droga a pequeña escala».