Torrelavega confía en mantener al equipo redactor y aprobar el PGOU el próximo año

De ahí las cartas que desde principios de julio barajan los expertos del Consistorio. Una de las alternativas con más fuerza sobre la mesa es la de sostener dicha ampliación en la Ley de Contratos de 2017. El clavo legal que la coalición agarra cada vez con más optimismo consiste básicamente en la naturaleza de este convenio y la flexibilidad que la Ley de Contratos le concede en este tipo de situaciones, es decir, una vez que expiran los plazos establecidos en un principio.

Al contrario que la anterior, bajo la que fue sellada la alianza, la última normativa establece una limitación temporal únicamente para los «contratos de servicios de prestación sucesiva» -un máximo de cinco años-. Esa es la distinción fundamental. Al ser el de C. Andrés y Ll. Masiá un acuerdo de «precio unitario», como refleja este código e insiste en calificar el equipo municipal, la empresa madrileña podría extender su relación con el futuro urbanístico de Torrelavega y no encontrar problemas de aquí a los próximos meses.

Así es como ven el escenario los técnicos y, con ellos, los responsables políticos del Ayuntamiento, que confían en poder extender la relación con la empresa. Si la previsión no peca de optimismo y dicha argumentación termina siendo convincente, el Consistorio arrojaría un poco de luz sobre uno de los proyectos más importantes y enquistados del municipio en los últimos años, pero sobre todo miraría de frente el que sin duda es un objetivo compartido para toda la Corporación, los vecinos y las empresas con ganas de desarrollar el urbanismo de la ciudad: la aprobación de la hoja de ruta el año que viene -el deseo de alcanzar esa meta antes del final de legislatura, en mayo, se ha diluido en las últimas semanas-.

Para ello, eso sí, el viento tendrá que soplar de cara durante las fases que ocupan ahora a la tramitación del Plan General: la de alegaciones, de la que están pendientes los técnicos municipales en las últimas semanas; y la evaluación ambiental, una vez que el PGOU pase revista en manos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el órgano consultivo de la Administración cántabra en esta materia.

Todo depende de que los servicios jurídicos puedan sostener esos criterios de la Ley de Contratos y dar una quinta oportunidad a una relación que, aunque nació en 2015 con un plazo de ejecución de tres años, se ha dilatado por diferentes circunstancias: hasta tres veces -en 2018, 2019 y 2020- por los meros ritmos de la Administración; y una vez más, en 2021, disculpada esta vez en las circunstancias de la crisis sanitaria.

Han pasado de esta manera más de siete años desde que la firma de C. Andrés y Ll. Masiá asumió la tarea de concluir y aprobar el PGOU. La compañía madrileña ya es la segunda empresa que se hace cargo de esta tarea, un periplo de casi veinte años inaugurado en 2004 y que, pese a las ilusiones que genera actualizar el Plan vigente de 1986, va camino de pasar a la historia como uno de los procesos administrativos más aplazados de las últimas décadas.

Más de 36 años después de aquel planteamiento -el segundo que ha regido el plano de la ciudad tras el de 1964-, la adaptación a las nuevas normativas y necesidades urbanísticas de una Torrelavega del siglo XXI se ha convertido en un verdadero clamor para el desarrollo de la ciudad y muchos de los proyectos que llegan a la mesa del Ayuntamiento.

Como alcalde, pero también como responsable de Urbanismo, Javier López Estrada es consciente de la magnitud de un documento como el Plan General y de su importancia para una Torrelavega con ganas de acoger proyectos nuevos en los próximos años. El regidor fue el primero en dejar claro su optimismo en julio, cuando el contrato del equipo redactor llegó a su fin. Hoy, esa confianza sigue intacta y espera resolver el obstáculo una vez que el Consistorio tome nota de todas las alegaciones que haga la ciudadanía.

La alternativa es encarar todas esos retoques sin los autores del Plan -que son los que mejor pueden sostener su contenido-. «No contar con la empresa sería grave y complicaría las cosas», reconoce López Estrada, el quinto alcalde que agarra el bastón de mando durante la tramitación de este mismo PGOU, iniciada en 2004.

Por aquel entonces, con Blanca Rosa Gómez Morante como primera edil de la ciudad, el primer equipo redactor que asumió esa responsabilidad fue la compañía madrileña Prointec. Su relación con el Consistorio duró nueve años, hasta 2013, y no terminó muy bien. El equipo de gobierno, liderado entonces por Ildefonso Calderón, rescindió el contrato del Plan General en 2013 por incumplimiento de los plazos acordados. No fue hasta dos años después -pasado el mandato de Lidia Ruiz Salmón y con José Manuel Cruz Viadero en el poder-, en 2015, cuando Torrelavega reinició la maquinaria administrativa para contratar a C. Andrés y Ll. Masiá.