Torrelavega estabilizará el edificio de Ronda Garcilaso, apuntalado desde hace tres años

Lo hará eso sí, de forma subsidiaria, esto es, pasando la factura a la comunidad de vecinos después. Eso es algo que no ha sentado bien entre los afectados, convencidos de que debería ser la Administración, sea cual fuere, la que sufrague unos trabajos cuyo valor está por determinar aún. De hecho, algunos no pueden evitar comparar el caso con el de la iglesia de la Asunción, rehabilitada recientemente con 260.000 euros del Ayuntamiento -el 25% de una obra que se eleva hasta el millón de euros-.

En la Concejalía de Urbanismo aseguran que el edificio de Ronda Garcilaso no sufre riesgo de caída, aunque las revisiones que el municipio hace en el edificio periódicamente han revelado la aparición de alguna grieta nueva. Lo que mueve al Consistorio es el deseo de no seguir extendiendo en el tiempo la mala situación de unos cimientos que necesitan ser afianzados desde hace años. ¿Qué va a hacer la Administración local? Primero, una orden de ejecución para recordar a los vecinos la necesidad de acometer la obra; después, y si los residentes deciden no hacer nada, tomar las riendas y empezar a trabajar en la tramitación de las labores de afianzamiento.

El Consistorio quiere ser muy claro en esta intervención y recordar que, en último término, serán los vecinos los que paguen esos trabajos. La obra se ejecutará de forma subsidiaria, tal y como dijo el alcalde, Javier López Estrada, este mismo martes y a preguntas del concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, durante el turno de ruegos y preguntas.

Tarde o temprano -con el pago o con embargos, etc.-, la Administración siempre cobra. El Consistorio quiere tender la mano, pero no sentar un precedente. El problema según esa comunidad es que está compuesta por mayores cuya pensión oscila entre los 400 y 800 euros, como viene recordando su portavoz y vecina del segundo, Lourdes Verdeja.

El asunto de fondo, la relación o no de la obra del Icass con la estabilidad del inmueble, sigue judicializado y pendiente de sentencias. La Audiencia Provincial ya dio la razón a Verdeja en 2020, ratificando un fallo del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Santander que asociaba la obra de la planta baja a los trastornos de su vivienda en el segundo piso. Dos años después, sin embargo, el Juzgado Nº 5 negó dicha relación en el caso del 1º D.

La disparidad de opiniones viene generando desafección hacia las instituciones y trayendo de cabeza a los afectados desde entonces. Hace un año, en una visita de El Diario al interior de las viviendas, los vecinos no podían evitar mostrarse derrotados. «Se ríen de nosotros», coincidían, suspicaces ante una Consejería de Políticas Sociales que achacaba el estado del edificio a «un tema estructural y preexistente antes de la obra». El entonces departamento de Eugenia Gómez de Diego -hoy delegada del Gobierno- aseguró que, de haber responsabilidades, estas serían de la constructora, AC1 Plus.