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Torrelavega contará en los próximos años con un parque fluvial en la confluencia de los ríos Saja y Besaya, en la localidad de Torres. ... La Corporación aprobará hoy inicialmente el expediente de expropiación forzosa de los terrenos privados afectados: tres fincas que suman 12.755 metros cuadrados. La zona la completan una parcela municipal y otra de la Confederación Hidrográfica en la que se localiza un aliviadero. El Pleno también declarará la necesidad de ocupación de los terrenos, de conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tanto el vigente como el que se ha aprobado inicialmente. El acuerdo será sometido a información pública durante 15 días.
El Secretario del Ayuntamiento recuerda en un informe sobre este asunto, que las propietarias de una de las parcelas, dos hermanas, solicitaron al Consistorio en 2019 que iniciase los trámites para la expropiación de la misma, clasificada como sistema general en suelo no urbanizable. Las dueñas del referido terreno, de 7.378 metros cuadrados, formularon idéntica pretensión en 2021. Finalmente, las dos hermanas presentaron este año un recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de su petición.
Mientras tanto, el Consistorio parece que sólo reacciona cuando lo hacen las propietarias de la referida parcela. Primero abriendo el expediente en 2019, después dando el visto bueno en la Comisión de Hacienda en 2021 y ahora sometiéndolo a la aprobación inicial del Pleno.
El Secretario hace hincapié en que la normativa aplicable en este caso es, básicamente, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. En ella se indica que los terrenos destinados por el planeamiento municipal a sistema general, como es el caso, puede ser obtenidos a través de un convenio urbanístico o mediante expropiación forzosa. El funcionario recuerda que, ante la inactividad de la Administración, los propietarios de los terrenos pueden promover una confiscación «automática» ante el Jurado Provincial de Expropiación u órgano equivalente.
La legislación urbanística lo prevé así para que los terrenos clasificados como sistema general, en los que no cabe aprovechamiento urbanístico privado, sean adquiridos por la Administración para destinarlos a los fines previstos en el planeamiento, evitando así a los propietarios «la carga que dicha clasificación supone», explica el Secretario.
El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, resalta que la tramitación del expediente se encuentra en la «primera fase» y confía en llegar a un acuerdo económico con los propietarios de las tres fincas antes de terminar en el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Según Pérez Noriega, el desembolso municipal no será significativo, dado que «se habla de un importe de seis euros por metro cuadrado».
Un grupo de la oposición, ACPT, ha denunciado que este asunto se aborda en el Pleno de hoy «para sorpresa nuestra y alegría de algún amigo constructor del alcalde y sus entornos». El partido asambleario recuerda que el punto se dictaminó en la Comisión Hacienda hace año y medio, quedando entonces «aparcado» tras el malestar de la oposición por este «pelotazo».
ACPT afirma que el regidor, Javier López Estrada, intenta de nuevo expropiar unas fincas cuyo valor es «prácticamente nulo» al encontrarse afectadas por «los ríos, el ferrocarril y la autovía». Además, destaca que la finca de mayor superficie figura a nombre de las hijas de José Luis Ruiz Pelayo, «un conocido constructor local perteneciente a los entornos del PRC». Según el grupo asambleario, la expropiación de esa finca supone el «regalo» de 155.000 euros.
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Ana del Castillo
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