Torrelavega fijará un nuevo plazo para finalizar la redacción del Plan General

Después de varios meses de espera, el Ayuntamiento de Torrelavega ha encontrado la forma legal de dar continuidad al trabajo que venía realizado el equipo redactor de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que venía realizado el equipo redactor de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo contrato concluyó en julio de 2022. Basándose en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Consistorio va a conceder más tiempo a la empresa adjudicataria, C. Andrés-Ll. Masiá, para que acabe su tarea. Un plazo que podría ser de un año, dado que el diseño del nuevo planeamiento urbanístico, aprobado inicialmente en 2019, se encuentra en su última fase. El proceso para redactar el documento, clave para el futuro desarrollo de la ciudad, se inició hace dos décadas. La más que notable demora del nuevo Plan General está generando malestar en los grupos políticos de la oposición y diversos colectivos de Torrelavega, que todavía mantiene en vigor el desfasado PGOU de 1985.

El contrato con C. Andrés-Ll. Masiá se formalizó en enero de 2015, con un plazo de ejecución de tres años, prorrogables por un máximo de otros tres. La empresa adjudicataria solicitó al Ayuntamiento en septiembre de 2020 que ampliase la duración del convenio dos años, por considerar que estuvo paralizado ese tiempo por causas imputables al Consistorio. Fue un periodo en el que el entonces equipo de gobierno (PSOE-PRC) estuvo en minoría. C. Andrés-Ll. Masiá pidió también que se paralizasen los plazos del contrato durante el estado de alarma declarado al inicio de la pandemia.

La respuesta de la Corporación llegó en enero de 2021: acordó ampliar el plazo de ejecución del contrato 535 días. Concretamente, hasta el 2 de julio del año pasado. Pocos días antes de concluir ese nuevo aplazamiento, el equipo redactor solicitó que se le concediese una prórroga para terminar los trabajos de revisión del Plan General.

A partir de ese momento se inició una 'tensa' espera, dado que optar por la resolución del contrato conllevaría una nueva paralización del 'interminable' proceso y la más que posible llegada de un nuevo equipo redactor. La solución llegó a través de los sucesivos informes que han emitido técnicos municipales en los últimos meses. Estos han estimado que no procede la concesión de la prórroga por haber finalizado el plazo de ejecución otorgado y que el Ayuntamiento debe acudir al procedimiento previsto en el artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Es decir, para la resolución de las incidencias surgidas se debe otorgar un nuevo plazo de ejecución, para lo cual debe tramitarse un expediente contradictorio.

En base a los informes técnicos, el entonces alcalde en funciones, José Manuel Cruz Viadero, firmó el pasado 11 de enero una resolución para incoar el procedimiento que permita resolver el problema y dar audiencia al contratista, que el Ayuntamiento supone deseoso de seguir adelante con su trabajo hasta finalizarlo y también cobrar por ello, dado que el Consistorio sólo ha pagado la tarea realizada hasta ahora. El expediente debe incluir también nuevos informes técnicos antes de someter el acuerdo a la aprobación de la Corporación en una próxima sesión plenaria.

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