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El Ayuntamiento de Torrelavega celebrará este mes de marzo tres charlas relacionadas con el consumo y –aunque abiertas a toda la ciudadanía– orientadas específicamente a la población más mayor de la ciudad. La concejala de Consumo, Esther Vélez, y el director de la Oficina Municipal ... de Consumo, Francisco Bautista Soler, han presentado este lunes este ciclo de conferencias, pensadas para «impulsar el envejecimiento activo y fomentar actividades» entre un sector de la población clasificado como «colectivo de especial protección», como ha enfatizado la edil socialista. Las ponencias se celebrarán los miércoles 6, 13 y 20 de marzo en el Centro de Mayores Ramiro Bustamante, a las 19.00 horas, y ofrecerán una aproximación a diferentes temas importantes: las entidades bancarias, la contratación de sus productos y los derechos de los consumidores; instalaciones y calderas, desde revisiones, seguros hasta las obligaciones del usuario o del prestador del servicio; y prestaciones sociales, dando a conocer ayudas en materia de atención domiciliaria, servicios esenciales, etc.
«No es caridad; lo pueden pedir»; ha subrayado Bautita Soler a propósito de este último coloquio. La convocatoria de estas charlas se produce tras unas semanas en la que la atención a los mayores de la ciudad ha estado en boca de algunos representantes políticos, como es el caso del concejal de Torrelavega Sí, Arturo Roiz. El mes pasado, el edil urgió una Administración más accesible para los mayores de la ciudad; y lo hizo, precisamente, con motivo del arranque de la campaña de reducción de la cuota fija de la prestación patrimonial no tributaria para el suministro de Agua, Basura y Alcantarillado, una de esas bonificaciones que, como sostuvo entonces el concejal, a veces pasa desapercibida por los propios ciudadanos.
El acceso y la relación de la tercera edad con los bancos también ha estado de actualidad en todo el país en los últimos meses. Desde finales del año pasado, los bancos se vieron obligados a eliminar las comisiones por sacar dinero en ventanilla a los mayores de 65 años –y a los que tienen una discapacidad de al menos el 33%–, tras un decreto aprobado por el Gobierno de España.
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